Un compañero de Romero de Tejada en la copistería, denunciado por "vaciar" CPV

La empresa de fotocopias MiC sigue imprimiendo sorpresas. No sólo tuvo en nómina desde 2001 al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, hasta su despido en agosto pasado tras denunciarlo el PSOE. Otro empleado, Pedro García Valero, no sólo trabaja para los dueños de MiC, los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez-Lázaro, también es administrador de Inversiones Jabbar, una empresa que preside Javier, el tercer hermano Sánchez-Lázaro. Esta firma acaba de ser denunciada por "consumar el vaciamiento patrimonial" de CPV, la inmobiliaria que estafó a 1.200 personas.

En octubre de 2002 salía a la luz la mayor estafa inmobiliaria madrileña. Cerca de 1.200 familias que adelantaron para su vivienda unos 18.000 euros de media chocaban con un sangrante fiasco: Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ni les había construido el piso contratado, ni poseía suelo alguno para hacerlo ni tampoco tenía fondos o bienes para reponerles los más de 21 millones de euros que le adelantaron. Y no tenía bienes embargables porque un par de meses antes los había puesto a salvo de acreedores en una singular operación de permuta. Lo hizo, según los afectados, en estrecha colaboración con una sociedad (Jabbar Inversiones) de Javier Sánchez-Lázaro Carrasco, hermano de los dueños de MiC Servicios de Copias, la empresa que contrató a Romero de Tejada. El consejero delegado de Jabbar era Pedro García Valero, también empleado de la copistería MiC.

La operación de permuta entre CPV y Jabbar Inversiones se cerró el 12 de agosto de 2002. En ella, CPV entregaba a Jabbar "todos sus bienes inmobiliarios" que valoraba en 8,8 millones de euros. A cambio, Jabbar pactaba entregarle 4,5 millones de euros, y 32 hectáreas de suelo rústico.

CLÁUSULA ESPECIAL

Pero el contrato incluía una cláusula que, en la práctica, hacía que CPV vaciara sus bienes inmobiliarios en los bolsillos de Jabbar sin ingresar un solo euro. "Jabbar Inversiones retiene todo el dinero a entregar a CPV para hacer frente a los tres pagarés que debe a los Hermanos de la Instrucción Cristiana". Un escrito de denuncia ante la juez del caso describe así lo sucedido: "Mediante la citada escritura todos los bienes propiedad de CPV se permutan con Jabbar Inversiones a cambio de unos terrenos sin desarrollo urbanístico alguno en la actualidad". Jabbar introducía una segunda cautela para dilatar o impedir también la entrega de ese suelo. "Jabbar entregará las 32 hectáreas una vez sea aprobado el convenio que en estos momentos se está negociando con el Ayuntamiento".

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Esta operación "consumó el vaciamiento patrimonial de CPV", reza la denuncia. La permuta incluía, además, un acuerdo por el que CPV aportaba una serie de fincas en la madrileña localidad de Fuente el Saz de Jarama a una empresa denominada Sorbe 2000, cuyo accionista mayoritario (65%) era Jabbar. En agosto pasado, Jabbar anunció que subastaba las acciones pignoradas (en garantía) de CPV en Sorbe al haber incumplido dicha sociedad las garantías pactadas en el contrato de permuta, como era finalizar ciertas construcciones y afrontar algunas deudas. Esta subasta se iba a realizar el próximo miércoles, pero la juez del caso CPV ha ordenado su suspensión a petición de la acusación. La acusación temía que esta operación situara el único bien que le quedaba a esta quebrada promotora lejos de su ámbito patrimonial y, por tanto, del alcance de sus víctimas.

El escrito de denuncia presentado por esta operación de "alzamiento de bienes" pide la imputación de Pedro García Valero, el empleado de MiC, nexo entre los supuestamente enfrentados hermanos Sánchez-Lázaro, y administrador de las dos sociedades que intervinieron en la permuta con CPV: Jabbar Inversiones y Sorbe 2000. Pedro García Valero aparece como firmante de toda la operación de permuta con CPV. Curiosamente, este modesto empleado de una copistería es administrador de una decena de sociedades inmobiliarias.

Paradójicamente, este empresario inmobiliario figura como empleado de una sociedad, MiC, que ha tenido requerimientos judiciales para abonar sus deudas en materia de cuotas de la Seguridad Social con la dirección provincial madrileña de Trabajo (507 euros en agosto pasado, 300, en febrero pasado) y que declaró unas pérdidas en 1999, su último ejercicio registrado oficialmente, de 9.000 euros.

Este diario intentó, sin éxito, contactar con los empleadores de García Valero, los hermanos Juan Carlos y Fernando Sánchez-Lázaro y con Jabbar, la empresa del tercer hermano, Javier. En MiC, una empleada inicialmente puso en duda que García Valero trabajara allí, y luego, tras una consulta interna, rectificó para precisar que en estos momentos estaba disfrutando de sus vacaciones.