¿Qué hacer con las casillas y las casetas de aperos en La Rioja?

Logroño

Las casillas y las casetas de aperos, una costumbre muy arraigada en La Rioja desde hace tiempo para convertir las tradicionales huertas en lugares de ocio y tiempo libre, vuelven a estar de actualidad, a raíz de la absolución del exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, por el caso de las casillas en Arnedo. La Audiencia Provincial ha rechazado que el regidor entre 2003 y 2015 cometiera los delitos de prevaricación administrativa continuada y omisión intencionada del deber de perseguir delitos por estas construcciones ilegales, que comenzaron a proliferar en la ciudad del calzado a partir de los años 70 y 80 del siglo XX.

Un problema de antaño sin solución por el momento. Estas pequeñas instalaciones de labranza han dado lugar, en algunos casos, a construcciones que se emplean como lugar de recreo y también como segundas residencias.

El Gobierno de La Rioja se plantea retomar los contactos con los grupos parlamentarios y los ayuntamientos para valorar la posibilidad de constituir un consorcio de protección de la legalidad urbanística. Un nuevo órgano colegiado cuyos primeros pasos para hacerse realidad se dieron durante la legislatura 2015-2019, con la presidencia de José Ignacio Ceniceros (PP) en el Gobierno de La Rioja.

Directriz de suelo no urbanizable

En 2019 se aprobó en el Parlamento de La Rioja por unanimidad la directriz de protección de suelo no urbanizable, que recoge las "medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, para asegurar la protección, conservación, ordenación del territorio, además de la mejora de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico y rural", como asegura la propia normativa.

Ese mismo año también salió adelante, con el consenso de todos los grupos, la modificación de ley de ordenación del territorio y urbanismo en La Rioja (LOTUR), para favorecer la creación de este consorcio y "reforzar la protección de la legalidad urbanística".

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Sin embargo, este nuevo ente no llegó a ponerse en marcha y quedó suspendida su tramitación durante la siguiente legislatura (2019-2023), con Concha Andreu (PSOE) al frente, a pesar de las diferentes iniciativas planeadas, también con el visto bueno de todas las fuerzas. Ahora hay cambio de planes y el Gobierno de La Rioja, con Gonzalo Capellán (PP), se compromete a retomar los "contactos con los grupos parlamentarios y los ayuntamientos", según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez.

Parlamento

La Cadena SER de La Rioja se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para conocer su postura al respecto. "Es un problema difícil de solucionar, que no sólo afecta a Arnedo, donde en 2012 se contabilizaban 1.896 casillas, sino también a otros muchos municipios, con construcciones fuera de la legalidad. Es el caso de Villamediana, con la correspondiente al expresidente, Pedro Sanz", según el diputado de Vox, Héctor Alacid.

"El caso de las casillas de Arnedo no deja responsabilidad penales, pero sí que consideramos que las hay de carácter político", ha apuntado la diputada de IU, Henar Moreno. "Estaría bien constituir un órgano reforzar la vigilancia, pero no es menos cierto que en estos momentos tenemos una entidad como la COTUR (Comisión para la ordenación del territorio y el urbanismo) que también puede trabajar con los ayuntamientos en estas cuestiones".

"Este consorcio puede ser un instrumento de gestión y colaboración entre administraciones de gran utilidad, que, además de reforzar la actividad preventiva, aporte seguridad jurídica y garantice el cumplimiento de la normativa urbanística en La Rioja", ha resaltado por su parte el diputado del PSOE y alcalde de Torrecilla, Sergio Martínez.

El PP se ha remitido a las declaraciones del portavoz del Gobierno regional sobre esta cuestión.

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Municipios

Por último, la Federación Riojana de Municipios (FRM) aboga por abrir una reflexión sobre herramientas de control urbanístico en apoyo a los ayuntamientos que carecen de recursos para afrontar este problema, pese a contar con la competencia para ello.

"Este consorcio sería de especial ayuda para los municipios más pequeños, pero es cierto que hay un debate en el seno de los municipios sobre dónde acaba la competencia municipal y empieza la autonómica", sostiene el presidente de la FRM, Jorge Loyo, y alcalde de Anguciana.

"El problema se ha acotado con las últimas medidas adoptadas y queda avanzar en el cumplimiento de la normativa. Es preciso contar con nuevos recursos a disposición de los ayuntamientos", concluye.

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