La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana pendiente: los ciudadanos seguimos amordazados

Madrid

Albert García es fotoperiodista de El País en Barcelona y la noche del 18 de octubre de 2019 cubría los incidentes tras la sentencia del Supremo a los líderes del procés. Los antidisturbios lo detuvieron acusándole de agredir a un agente que intentaba. El video de su detención esa noche fue viral y ha sido clave, junto con los testimonios de otros compañeros, en el juicio que se celebraba esta semana en el que le pedían dos años y medio de prisión por dos delitos de atentado contra la autoridad y una multa por delito de lesiones leves. Finalmente, la fiscalía tan solo ha pedido para él una multa de 4.800 euros por lesiones leves y ahora está esperando sentencia. Albert nos cuenta que tuvo suerte porque estaba rodeado de gente que vio lo que había pasado realmente, pero que “si eso hubiera pasado en un callejón sin nadie más que el agente” eso hubiese supuesto su condena a prisión porque, con la Ley Mordaza la palabra del policía es preeminente, tiene más valor.

Alfred Palomera y Santi Aranya son dos miembros del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) en Barcelona. Nos cuentan que ya les han multado con 600 euros simplemente por identificarlos en un desahucio, por desobediencia. Son miles de activistas en la misma situación en toda España. Desde que entró en vigor la Ley Mordaza en 2015 se han impuesto más de 197.000 sanciones y se han impuesto multas por un valor superior a los 73 millones de euros.

Hemos hablado, también con Begoña Lalana, de la organización No Somos Delito que es una de las entidades que desde el principio están protestado por los recortes a los derechos y libertades que esta Ley y la reforma del Código Penal, hecha también durante el gobierno de Rajoy, suponen para los ciudadanos de nuestro país.