Más concursos, licitaciones y empleo público: el efecto arrastre de la capitalidad de Madrid

Madrid

El debate sobre la descentralización de órganos en España vuelve a plantearse después de año de reclamaciones de diferentes autonomías. ¿Cuál es el impacto de esa 'capitalidad' en términos de plantilla? Casi uno de cada tres empleados públicos de España se ubica en Madrid, un porcentaje que, según los datos del Ministerio de Hacienda, se ha mantenido estable durante la última década y en la actualidad representa más de 150.000 funcionarios que, con sus familias, representan unas 400.000 personas. Desglosando:

• Sólo los ministerios concentran al 80% del personal de sus servicios centrales en Madrid, unos 30.000 trabajadores.
• Las Agencias Públicas (como el Instituto de Salud Carlos III o la CNMV, entre otras) suman otros 28.000 empleados más.
• Y sedes que se han localizado aquí como la Biblioteca Nacional, el Prado, la Fábrica de Moneda y Timbre o la UNED, entre otras, suman otros 16.000 trabajadores más.

Si se suman los funcionarios autonómicos, el número de empleados públicos representa en Madrid el 38,8% del total del empleo. 38% es exactamente el doble que la media española, el triple que Castilla-La Mancha o Cantabria o más del cuádruple que Catalunya.

Esa presencia de funcionarios genera además un efecto arrastre: los concursos y licitaciones públicas se desplazan también hacia Madrid. Tener aquí las plantillas públicas no sólo supone tener 150.000 efectivos de personal cualificado y sus familias gastando con una nómina asegurada en Madrid. Supone, además, traer a la capital los concursos públicos y a las empresas que compiten por esos contratos del Estado.

Del conjunto de las 109.422 licitaciones analizadas por el Laboratorio de Políticas Públicas del IVIE, el 72% corresponde a órganos de contratación ubicados en la capital. Y si se mide por importe adjudicado, el 87% del dinero licitado se hace en Madrid, en castellano: casi 9 de cada 10 euros en contratos se adjudican aquí, aunque se ejecuten en otras autonomías.

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Y eso funciona también al otro lado de la barra: el 60% de los contratos se los llevan empresas ubicadas en Madrid; en dinero, se llevan el 64% de los fondos, dos de cada tres euros en concurso. Así que el gran dinero público se licita en la capital y se queda en la capital.

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Si uno analiza, por ejemplo, infraestructuras: a fecha de 2019, el 34% de la inversión

aeroportuaria de este siglo se ha ido al de Madrid, así que sí hay un efecto capital en la población y en la inversión que Madrid atrae.

Este afecto ha intentado ser corregido en el pasado reciente con algunos organismos públicos, ¿cuál ha sido el resultado? El caso más famoso fue el de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La firmaron Pasqual Maragall y Zapatero en 2004 y se ejecutó en 2005. El traslado causó problemas con funcionarios que no querían aquel desplazamiento y, sobre todo, la mudanza se cerró con un coste de 18 millones de euros.

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Pero lo peor no fue aquello. El Gobierno Rajoy fusionó la regulación de las Telecomunicaciones con la de la Energía y creó la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). A día de hoy, esa fusión tiene a un organismo con dos sedes: una en Madrid, que vigila Energía, y otra en Catalunya, que vigila telecomunicaciones. Ambas en un mismo organismo. Y esa dualidad, también levanta polémica a la hora optar a algunos concursos públicos, puesto

que las empresas que optan a sus contratos deben tener también presencia tanto en Madrid como en Barcelona, lo que elimina a compañías más pequeñas.

Por ejemplo, en mayo de 2020, la CNMC sacaba a concurso por 2 millones la vigilancia sin armas de sus sedes tanto en Madrid (1,2 millones aquí) como en Barcelona (815.000 euros más). Así que esa descentralización tiene también sus resistencias.