Cortocircuito a los impuestos

Madrid

El Ejecutivo ha aprobado finalmente este jueves el Real Decreto Ley que abaratará el recibo de la luz y que supondrá un alivio -ha señalado María Jesús Montero, portavoz y ministra de Hacienda- de un 10% en la tarifa de la luz que pagan las familias, al menos, hasta diciembre de 2021. Para los consumidores que tengan contratada una tarifa inferior a 10 kilovatios -y siempre que el precio medio se sitúe por encima de los 45 euros/Mwh- esta medida supondrá una reducción del IVA del 21% al 10% lo que se traducirá en un ahorro, según los cálculos del Ejecutivo, de 857 millones de euros para las familias y que afectará, ha dicho Montero, “a la práctica totalidad de los hogares” dado que su potencia media contratada es de 4,1 kilowatios, y al 72,5% de las empresas. Una condicionalidad -la de la potencia máxima contratada- que no se aplicará en el caso de las 612.000 familias acogidas al bono social eléctrico.

"Que un problema de alto precio de la electricidad acabe en una reducción de impuestos me parece un disparate. Creo que refleja que, en el fondo, al ministerio de Transición Ecológica le ha cogido el toro y han tenido que salir los ministerios de Economía y Hacienda para tratar de dar una salida a la situación que tenía que haber tenido salida en el ámbito del ministerio de Transición Ecológica abordando el problema de fondo" explica en Hora 25 de los Negocios Martín Gallego, ex secretario general de la Energía y experto en la materia. "El problema por el que la electricidad es más alta, básicamente, es porque hay algunas centrales que están recibiendo remuneraciones excesivas pero no de ahora, desde hace 15 años, y ese es el problema que hay que abordar para resolver el problema de fondo" señala Gallego.

 Además, el Gobierno espera que la supresión durante los próximos tres meses del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica -del 7%- se traslade también al precio de la luz, lo que aliviaría, además, la factura eléctrica que pagan las empresas españolas, con un ahorro de unos 400 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno.

Un Consejo de ministros extraordinario que, además, ha prorrogado hasta fin de año el decreto que protege a las empresas que operan en los sectores estratégicos frente a la compra de compañías extranjeras, el conocido como ‘Golden share’, que expiraba el próximo 30 de junio y que deja en manos del Gobierno la última palabra en caso de que una compañía extranjera trate de hacerse con más del 10% del capital de cualquier empresa cotizada española, siempre que esta opere en un sector estratégico. “Se prorroga a petición del ministerio de Industria, para que se pueda mantener aquellas cuestiones que en algún decreto covid aprobamos y, por tanto, proteger a las compañías españolas de sectores estratégicos para que tengan seguridad y no puedan tener un intento de compra aprovechando la coyuntura” ha señalado la ministra portavoz.