Un catedrático de Derecho Constitucional, sobre la inviolabilidad del rey: "Está claro para qué se puso"
Diego López Garrido cree que el Tribunal Supremo debe dilucidar si la presunta evasión fiscal de Juan Carlos I es un delito continuado por el que se le pueda procesar tras su abdicación
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Madrid
Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha explicado en Hoy por hoy que la inviolabilidad del rey emérito está en la Constitución e impide una investigación al jefe del Estado mientras esté en el cargo. "Está claro para qué se puso eso", ha dicho.
"Otra cosa es qué pasa en el momento en el que abdica. Entonces hay que dilucidar si los supuestos delitos fiscales, si la no declaración a Hacienda de una cantidad enorme de dinero que se supone que él recibe por medio de una comisión, es un delito continuado y a partir del momento en que abdica sigue existiendo ese delito porque sigue sin declararlo. Ese es el tema jurídico importante a dilucidar en el Tribunal Supremo", ha añadido.
Sobre la posibilidad de que el rey emérito acabe siendo procesado, López Garrido ha recordado que el rey emérito asegura en la carta a Felipe VI divulgada este lunes que está a disposición del fiscal, pero lo cierto, en su opinión, es que "lo está quiera o no quiera". Lo relevante, según este catedrático, es que "con esas palabras Juan Carlos I se está desvinculando de su hijo, Felipe VI, y este se lo agradece".
Quien fuera Secretario de Estado para la Unión Europea en el Gobierno de Zapatero ha insistido también en que nada tiene que ver el exilio de Juan Carlos I con el de su abuelo, que precedió a la II República: "Alfonso XIII tenía todo el poder político mientras que Juan Carlos I no tenía poder efectivo. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo".
López Garrido ha recordado que "técnicamente Juan Carlos I no está investigado todavía" y, sobre la posibilidad de que se abra una comisión de investigación parlamentaria, ha añadido que "el Congreso controla al Gobierno y no a alguien que no es Gobierno ni rey". En todo caso, desde su punto de vista, el vicepresidente de la Fundación Alternativas ha argumentado que "la investigación parlamentaria no es procedente cuando hay una investigación judicial en marcha".
