Pandemia del desempleo: ¿es el ingreso mínimo vital la solución?

Madrid

Según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hecho público este miércoles, tomando como medida una jornada laboral de 40 horas semanales, el número de empleos a tiempo completo que la pandemia sanitaria destruirá en el mundo asciende a 365 millones. El organismo estima una caída del empleo de más del 10% en todo el mundo. Hace tres semanas, las perspectivas de la OIT eran mejores, porque también la situación sanitaria y económica lo era en la mayor parte de los países: hoy, en el 68% hay restricciones a la economía y la movilidad con el fin de combatir la expansión del coronavirus. Además, la OIT señala que hay 436 millones de negocios en situación de peligro –incluyendo compañías grandes y pequeñas- y que los sectores más expuestos son el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción.

Teniendo en cuenta el modelo productivo español, donde tanto la hostelería como el turismo son sectores muy relevantes, nuestro sistema laboral está especialmente expuesto al impacto de la pandemia sanitaria, situación que se agrava, además, a esto se añade un problema de precariedad. Según la institución internacional, dos tercios de los 3000 millones de trabajadores en el mundo, tienen lo que denominan “empleos informales”, y estos son los que sufrirán, estiman, el impacto más duro.

De hecho, en nuestro país, en estos momentos, hay cuatro millones de ERTES en marcha –que no computa como paro, pero son trabajadores que están igualmente en suspensión de empleo-, más 1,5 millones de autónomos percibiendo subsidios públicos, además de 2,7 millones de parados antiguos, y 890.000 nuevos parados: en total, 8.000.000 de personas expuestas a situaciones de desempleo. Pero esta situación podría no mejorar a corto plazo, advierte la CEOE, teniendo en cuenta la lentitud con la que se planea aplicar el plan de desescalada. Con esta situación, la solución para “no dejar a nadie atrás” como no se ha cansado de repetir el Gobierno, podría pasar por una renta mínima universal, que recogiera a todas aquellas personas que no puedan acogerse a ningún otro programa de subsidios.

Luis Ayala, analista de la Fundación Alternativas y Catedrático de Economía de la UNED, explica en Hora 25 de los Negocios, “supone un coste que puede ser importante dependiendo de la magnitud de las necesidades, pero una política de este tipo, que es extender una red de protección, está presente en todos los países desde hace muchos años. El problema es que hemos llegado a este shock con los deberes sin hacer y es ahora cuando hay que construirlo sobre la marcha”. “Hay que hacerlo por sentido de justicia social, sentido económico y en sentido más directo, que es una cobertura de unas necesidades que se pueden transformar rápidamente en factores de exclusión. Todos los países de la UE cuentan con un instrumento de este tipo. El ingreso mínimo vital no es una anomalía, lo anómalo es que no hayamos terminado de consolidar esta red”, apunta Ayala.