Las asociaciones de consumidores se movilizan contra los abusos
Las asociaciones de consumidores se están movilizando para evitar que, en esta situación de cambios drásticos con motivo del Estado de Alarma, se produzcan abusos contra los consumidores. Se ha pedido al Gobierno medidas, especialmente al Ministerio de Consumo que preside Alberto Garzón, para paliar tantos los efectos económicos sobre su economía como sobre sus derechos
Pago de hipotecas y alquiler / getty
Madrid
Esta semana se reunían, por ejemplo, las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarias (CCU ), con su presidente al frente, Carlos Balluguera, con la Directora General de Consumo, Bibiana Medialdea. Han pedido “ayuda a la ciudadanía más allá del periodo de alarma” y han analizado algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno.
Moratoria hipotecaria
Las asociaciones creen que es “insuficiente”, y han coincidido en “reclamar la fijación de un plazo mínimo de seis meses al que los bancos deben comprometerse, más allá de las ampliaciones que luego puedan negociar con sus clientes”.
Alquileres
Sobre las medidas para paliar los problemas de los alquileres y evitar por ejemplo desahucios, se mostraron partidarios en la reunión de “acciones combinadas de aplazamiento de los pagos, aumentando y definiendo el plazo de la moratoria, así como de ayudas directas al arrendatario destinadas al alquiler, según los casos”.
Viajes y alojamiento
Sobre los viajes, la apuesta de las asociaciones es clara por “la devolución de las cantidades comprometidas, pero también por la alternativa de los bonos para futuros viajes o devoluciones posteriores”. Eso sí, siempre que se haga “en un marco de suficiente seguridad jurídica y se garanticen. por parte de la patronal del sector, los derechos adquiridos por los usuarios en caso de quiebra de compañías”.
Consumidor vulnerable
Se ha pedido protección para los consumidores más vulnerables, vigilancia contra las ofertas fraudulentas en la red y han mostrado, entre otros aspectos, preocupación con “la aplicación del derecho de desistimiento en estos momentos de dificultades para la movilidad” y se ha solicitado “la adopción de medidas de flexibilización, protección y garantías para los consumidores en relación al endeudamiento generado por los créditos al consumo y tarjetas como las revolving”.
Precios
También han mostrado preocupación por las subidas de precios de algunos productos y han exigido “el control de precios y la garantía de suministros básicos para toda la ciudadanía”, además de la “falta de atención al cliente o la utilización para esa atención de números no gratuitos por parte de algunas empresas (901)”. Sin olvidar una preocupación y la propuesta de “medidas concretas de ayuda para los consumidores y usuarios de la España vaciada”.
Mascarillas y seguros de decesos
Además, hay muchas iniciativas de cada una de las asociaciones, que van desde la vigilancia y control de los precios de las mascarillas solicitado por FACUA, y que parece va a atender el Gobierno, al recordatorio de los derechos de los usuarios que han perdido algún familiar en estas fechas: los herederos de los fallecidos tienen derecho a reclamar la diferencia entre la suma asegurada y el importe de servicios que no han podido prestarse, como los vinculados a los velatorios. No se están realizando y, por tanto, se entiende por parte de FACUA que son servicios que hay que descontar de los gastos habituales contemplados en las pólizas.
“El artículo 106 bis de la citada Ley recoge que en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada”, dice la nota de FACUA.
Por tanto, si el coste definitivo del servicio funerario es inferior a la suma que fue asegurada mediante el seguro de decesos, “los herederos del fallecido tienen derecho a reclamar cualquier diferencia existente”.Que en algunos casos puede ser muy importante.
Solo 10% se benefician
Por su parte, ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, ha denunciado esta semana que “ una de las medidas estrella del Gobierno para aliviar la carga financiera de las familias, podría alcanzar finalmente a un escaso 10% de sus potenciales beneficiarios. El resto, quedaría automáticamente excluido durante el proceso de tramitación por incumplir alguno de los cuatro supuestos que establece la norma”. Considera que “un 74,5% cumple con alguna de las condiciones, pero no en su totalidad”.
Esta misma asociación había mostrado preocupación por las alternativas de solución a problemas financieros puntuales que podrían estar ofreciendo algunas entidades a sus clientes y que podría suponer más endeudamiento. La propia banca aclaró a ASUFIN que “las entidades no cobrarán intereses por los aplazamientos de hipotecas y créditos personales de consumo que se articulen mediante préstamos personales, modificaciones u otras fórmulas que determinen caso a caso”.
