De pactos, sentencias y denuncias medioambientales

Madrid

Mientras siguen los contactos para pactar gobiernos municipales, autonómicos e incluso el central. Nos fijamos en otros asuntos de la actualidad. Como la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona que condena al youtuber, Khangua Ren, conocido como "ReSet" por humillar y cometer un delito contra la integridad moral de una persona sin hogar, a la que ofreció galletas rellenas de pasta de dientes mientras lo grababa y se burlaba de él. La jueza lo condena a 15 meses de prisión, que no cumplirá por no tener antecedentes, a pagar 20 mil euros de multa a la persona humillada, y a no acudir al escenario del delito en los próximos 5 años. Y en este caso el escenario es internet. La pregunta es ¿cómo se va a ejecutar esta parte de la sentencia?

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Hemos hablado con Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en delitos informáticos e internet, que considera "difícil de ejecutar esta sentencia porque ello requeriría controlar el ordenador del reo y eso es imposible salvo que haya una nueva investigación" (...) "una cosa es prohibirle que use su canal de youtube, que siga haciendo videos, eso es controlable, pero impedir el acceso a youtube es imposible, es como prohibirle a alguien escuchar la radio".

Jaume, un inquilino del barrio barcelonés de Vallcarca, ha conseguido a través de la negociación llevada por el Sindicato de Inquilinas, que no le echen de su finca, que le hagan un contrato por 7 años y además, por primera vez en la historia, que le rebajen el alquiler.

El de Jaume es un caso de manual de lo que está pasando en las grandes ciudades. Un fondo de inversión compra una finca, y empieza a echar a los inquilinos ofreciéndoles una compensación o subiendo tanto el precio del alquiler que hace inviable quedarse. Jaume resistió, pese a que durante un año en casi todos los pisos de la finca se hicieron obras de reforma. Le cortaron suministros, internet... Pero Jaume decidió resistir y pidió ayuda al Sindicato. Se plantó. Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinas destaca que  "es una victoria histórica que marca un cambio de tendencia" (...) " llevamos más de un año y medio en los que más de 1.000 hogares se plantaron ante esa exigencia de irse de casa o de pagar un alquiler absolutamente inasumible hasta conseguir negociar un acuerdo razonable." "Podemos pinchar la burbuja pero depende de nosotros, depende de que nos plantemos y no aceptemos los abusos".

Cuatro millones de litros de aguas tóxicas, el equivalente a 1.600 piscinas olímpicas, se vertieron a las marismas que rodean la ciudad de Huelva. Aguas que contienen arsénico, cadio, cobre, zinc, plomo, cromo, mercurio... Aguas que provienen de las balsas de Fosfoyesos y residuos de la empresa Fertiberia, que ha desmentido el vertido y atribuye la bajada de nivel de las balsas a la evaporación. Son 120 millones de toneladas de residuos, de fosfoyesos y de la industria química en Huelva. Según Juan Manuel Buendía, Secretario de la Asociación Mesa de la Ría, es "una aberración, un auténtico crimen medioambiental que se ha producido durante décadas en Huelva". Esta Asociación,  junto con Green Peace,  ha denunciado este nuevo vertido, e instan al Ministerio de Transición Ecológica que se pronuncia sobre la Declaración de Impacto Medioambiental del plan que ha presentado la empresa para cerrar esas balsas y montañas de residuos, que convierten este paraje en una de las zonas más contaminadas de Europa. Además Buendía ha destacado que la empresa "pretende cubrir con apenas 30 centímetros de tierra estas balsas, incumpliendo la Ley de Costas, que obliga a tener en cuenta el impacto del cambio climático y el aumento del nivel del mar en los proyectos". "El Ministerio lleva 2 años dando vueltas a un proyecto que incumple la Ley de Costas"

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