13 víctimas de las maras: ver, oír y callar

Milagros tuvo que llevarse a su hija de 10 años para evitar que fuera violada y reclutada por las maras. La querían obligar a meterse en “esto de las pandillas”, relata en uno de los vídeos de la serie que ha elaborado CEAR. “Si era la trece, MS13, tenían que meterse y violarla trece miembros de la pandilla. Si eran de la dieciocho, eran dieciocho”, ese es el ritual de ingreso, explica, y una vez dentro, “les cortan los pechos y les tiran una piedra en la cabeza y eso es lo que define que ha sido algo de las pandillas”.

Vino a España con sus dos hijas solicitando asilo como refugiada, pero aquí “se encontró con una nueva frontera, la de la legalidad”, lamenta Patricia Simón, autora del libro "Buscamos refugio. Nuestra guerra son las maras", que contiene testimonios reales de personas víctimas de la violencia organizada de las pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Estos tres países centroamericanos, que acumularon más de 10.500 homicidios el año pasado, viven sumidos “en un conflicto sin nombre oficial, que sí tiene forma de amenaza, ejecuciones, extorsión, trata y violencia sexual”, alerta CEAR. Una realidad que “obliga a miles de personas a buscar refugio en otros países”. Sin embargo, la organización denuncia la desprotección de este colectivo. Según sus datos, el año pasado 4.860 personas pidieron asilo en España procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, sin que apenas se resolvieran 320, de las cuales solo 15 resultaron favorables.

“Uno está esperando a que lo asesinen, sales y no sabes si vas a volver a tu casa”, cuenta Marcos, salvadoreño solicitante de asilo en España. Su hermano fue asesinado por las maras. “Yo conocí muchos, muchos, muchos niños que ingresaron a la pandilla a los doce años y, a los doce años, ya habían asesinado a cuatro personas en tan solo una semana. Los pandilleros les ponen el arma en sus manos y se los llevan a asesinar gente”, relata. En otro de los casos que recoge el libro, Jonathan explica que tuvo que ver cómo violaban a su hija adolescente tres miembros de una pandilla mientras él permanecía en el suelo encañonado y amenazado.

Patricia Simón nos ha contado las dificultades que ha encontrado al trabajar en Centroamérica por el peligro que suponía viajar en coche, porque “las maras ya empezaban a controlar casi todos los barrios y ciudades”, pero ahora, asegura, la situación es mucho peor. “Hoy son muy pocos los periodistas que pueden trabajar allí”.

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CEAR acredita que las solicitudes de protección internacional en España procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala, han pasado de solo 115 en 2014 a casi 5.000 el año pasado, lo que da una idea de la violencia extrema que “impide la vida allí”, como muestra la caravana migratoria, recuerda Simón. “El control de las Maras es absoluto, controlan desde cómo te vistes a quién puedes visitar para ir al barrio de enfrente porque ya está controlado por otra mara hasta cómo te relacionas con tus amigos”, explica la periodista.

También están amenazadas as personas LGTBI, “cualquier persona que realice cualquier actividad económica tiene que pagar la extorsión, cualquiera que ose llevar una camiseta con un número que no sea el 13 o el 18 puede ser asesinado”, y estos son solo algunos ejemplos que pone Paula Simón del “control social absoluto” que realizan estas bandas.

“He visto gente morir delante de mí infinidad de veces. Así que, si matasen a alguien aquí mismo, a mi lado, no gritaría ni lloraría. Crecí con eso de sentir que iba a morirme en cualquier momento, a la vuelta de la esquina”. Así arranca el libro de Patricia Simón, quien celebra que una vez que han podido salir de sus países, estas víctimas han podido “hablar con franqueza” de lo que han vivido, lo que les ha supuesto “un gran alivio” en la mayoría de los casos. Aunque critica que una vez llegados a España, donde pensaban que iban a encontrar un refugio seguro, “encontraron que están temerosos de ser deportados en cualquier momento”.

España mantiene bloqueadas decenas de solicitudes de asilo pese a que, a partir de 2017, dos sentencias de la Audiencia Nacional otorgaban derecho a la protección internacional a las víctimas de las maras, pero esa jurisprudencia “aún no se ha trasladado al Ministerio del Interior”, explica Simón.