Las dos semanas de incertidumbre suprema
El Alto Tribunal se corrigió a sí mismo para luego dar marcha atrás y terminar por decidir en un pleno cuya decisión fue enmendada por el Gobierno
La vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del Supremo Carlos Lesmes. / Marta Fernández Jara (EUROPA PRESS)
Madrid
El 18 de octubre desayunábamos con la rectificación del Supremo a sí mismo. Ese día conocíamos que los jueces concluían en una sentencia que eran los bancos y no los clientes quienes debían pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. El que para abreviar estas dos semanas hemos llamado el impuesto de las hipotecas. El alto tribunal daba la razón al Ayuntamiento de Rivas que había reclamado 22.500 euros que había pagado en 2009 por ese impuesto. Unos meses atrás, en marzo, otros jueces del mismo tribunal habían llegado a la conclusión contraria.
Miguel Pasquau, juez y profesor de la Universidad de Granada, cree que esa nueva sentencia es "defendible". "No es que la anterior, la de marzo, sea un disparate cometido al unísono por el reglamento y el Supremo, pero desde el punto de vista de la cuestión de fondo parece más solvente el argumento de la sentencia de octubre. Es verdad que supuso un cambio jurisprudencial radical con muchas consecuencias". Entre esas consecuencias, el efecto más inmediato fue la caída en bolsa de los principales bancos, algo que tendría una importante repercusión menos de 24 horas después. Y a partir de ahí, las dudas. Qué pasaría, por ejemplo, con quienes ya habían pagado la hipoteca y cómo se gestionaría la devolución a quienes habían pagado el impuesto los últimos cuatro años.
Pero lo cierto es que esas preguntas duraron poco, muy poco porque al día siguiente, el Supremo dio un vuelco. Si el jueves el Supremo se corregía a sí mismo, el viernes se paralizaba a sí mismo mediante una nota de prensa. El presidente de la sala tercera decidía que la sentencia se llevara a pleno. En resumen, la sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas quedaba a expensas de lo que votaran sobre su propia doctrina los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. El argumento de esta decisión fue el impacto económico y social que había tenido la sentencia después de trascender a los medios. Ya decíamos que el desplome en la bolsa de los bancos había tenido una importante repercusión. "La nota de prensa me resultó muy llamativa, me pareció insólita. Se exageró, se dijo que paralizaba la sentencia y eso no era así porque no puede ser, la sentencia era firme", resume Pasquau.
Habíamos terminado el jueves con dudas... Y el viernes lo hicimos instalados en la incertidumbre. Porque, por ejemplo, no quedaba claro qué pasaría con alguien que firmara una hipoteca el lunes. La sentencia era firme, pero quedaba a expensas de lo que decidiera el pleno. Entrábamos en el compás de espera hasta entonces.
La siguiente semana, la semana después de la decisión y la contradecisión, la empezamos conociendo la fecha en la que se iba a celebrar el pleno, el 5 de noviembre. Hasta entonces, fuimos escuchando a los bancos que defendían que ellos no habían tenido mala fe al hacer pagar el impuesto al cliente, porque se ajustaban a la ley. Esto es lo que defendió, por ejemplo, el presidente de la patronal bancaria José María Roldán. Pero, claro, si finalmente tenían que pagar ellos el impuesto, una de las preguntas era si eso iba a repercutir en el precio de las hipotecas.
Días de espera en los que, claro, al final entraron los políticos, porque el tema había impregnado toda la actualidad española. Por ejemplo, el líder del PP, el líder de la oposición, Pablo Casado, hablaba de respeto a las decisiones del Supremo y decía que la ventanilla adecuada para preguntar estaba en Moncloa. El Gobierno, mientras tanto, esperaba a la decisión del pleno del día 5. El 24 de octubre, el presidente Sánchez en el Congreso dejaba un aviso que hoy ya tiene todo el sentido: "Vamos a esperar a que el Supremo se pronuncie y a partir de ahí el Gobierno tomará nota como no puede ser de otra manera".
Escuchamos a los políticos y desde el poder judicial, una semana después de que el Supremo concluyera una cosa y al día siguiente abriera la incertidbumbre, una semana después de provocar esa inseguridad jurídica... El presidente del Supremo Carlos Lesmes pidió perdón: "Se ha producido un daño, una desconfianza y pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto".
Llegó el día 5 pero el pleno, con la duda de si mantendría su última decisión, la revocaría y haría pagar al consumidor o si mantendría la última decisión pero limitando la retroactividad. No fue una reunión rápida y aunque empezó el lunes, no terminó hasta el martes. La decisión fue volver a la situación previa a la sentencia del 16 de octubre: es decir, que el impuesto lo deberían seguir pagando los consumidores y no los bancos. La reacción del Gobierno fue anunciar una modificación de la norma para que, de ahora en adelante, sean los bancos quienes paguen. Y en el fondo, una duda en la sociedad española. La expresa Miguel Pasquau: "¿Qué pasó entre el jueves y el viernes? Pues vaya usted a saber. ¿Qué pasó entre el viernes y la celebración del pleno? Pues vaya usted a saber. No se le puede reprochar a ningún ciudadano que piense que hubo conversaciones, que piense que hubo presiones del banco, aunque tampoco se puede asegurar".
