Los "otros" proyectos Castor

Las alianzas público-privadas se han promovido de manera creciente para la financiación privada de proyectos que tradicionalmente realizaba el sector público. El Observatorio de Deuda en la Globalización (ODG) ha participado en un estudio que analiza diez proyectos de APP que han resultado una ruina y contrarios a los intereses públicos, “con graves lesiones a diferentes niveles a las finanzas públicas, en la calidad de nuestra democracia y en temas como la equidad o derechos fundamentales”, señala Emma Avilés.

Uno de esos proyectos es el depósito submarino de gas Castor, que pretendía ser la mayor planta de almacenamiento de gas submarino de España y, sin embargo, terminó sin ser utilizado y triplicando su coste hasta llegar a los 3.280 millones de euros de deuda a la que ahora debe hacer frente el Estado. Emma Avilés asegura que en España “no existe ningún tipo de regulación ni ningún órgano de vigilancia que revise este tipo de contratos”. Según destaca el informe, el principal inconveniente de este contrato fue la falta de transparencia y las irregularidades en los procesos de participación ciudadana que, recuerda avilés, “se realizaron en agosto y con la documentación en inglés”.

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Las Asociaciones Público-Privadas se promueven como una herramienta para financiar proyectos de desarrollo tales como aeropuertos o carreteras, pero también servicios básicos como hospitales, infraestructuras de distribución de agua o para la educación, una solución a la falta de financiación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de contratos a 15 o 35 años. Pero este informe revela que los 10 proyectos analizados han supuesto un alto costo para las arcas públicas y un riesgo excesivo, mayor para el Estado que para las empresas privadas involucradas. Uno de los principales riesgos de las APP es que se basan en un modelo de "contabilidad creativa", lo que implica que "el coste real del proyecto está escondido porque el titular del préstamo es el actor privado y no es hasta que salta a lo público que nos damos cuenta del coste real". Además, la transparencia ha sido nula en nueve de los 10 procesos.

Los Gobiernos se han ayudado de informes de viabilidad económica proporcionados por empresas auditoras y consultoras que “están teniendo un papel muy importante a la hora de convencerlos para ejecutar estas obras”, denuncia Avilés, unos informes marcados por los intereses de las partes. Hasta el punto de que en el caso Castor se aceptó uno de esos documentos como razón para no aceptar la querella, lo cual supone “una clara lesión de tutela judicial” que desde el Observatorio van a perseguir.

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En la mitad de los casos analizados, estos contratos han hecho crecer la brecha entre ricos y pobres y en algunos casos los proyectos han resultado en graves impactos sociales y medioambientales. Es lo que ocurrió por ejemplo con la construcción de una planta de carbón en India, que “ha resultado deficitaria por la subida del precio del carbón en el mundo”. Se extendía por varios kilómetros de costa y “ha destruido completamente el sustento, el modo de vida de las comunidades locales, que eran pescadores”, lo cual ha supuesto, según explica Emma Avilés, que hay “niños que se han tenido que poner a trabajar y no ir a las escuelas, contaminación de las aguas o destrucción de manglares y del medio ambiente por las corrientes calientes de agua que salían de las plantas”.

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Por todo esto, y por el riesgo ante la llegada de la próxima crisis económica ya que "se está especulando con el dinero público del Estado y con cantidades desorbitadas", el ODG recomienda que se dejen de utilizar las APP para financiar infraestructura social y económica, apoyando a los países en la búsqueda de una financiación responsable, transparente y sostenible, y garantizar la transparencia y la solidez de la democracia antes del lanzamiento de grandes proyectos de infraestructura y servicios.