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Abusos Sexuales

Los secretos de la Iglesia

La Iglesia en España todavía tiene potestad para guardar archivos secretos que pueden ocultar casos de abusos sexuales y no ha adaptado sus protocolos de actuación en base a las exigencias del Vaticano y Naciones Unidas

Pope Francis prays in front of a candle lit to remember victims of abuse by the church, inside St Mary's Pro Cathedral during his visit to Dublin, Ireland, 25 August 2018 / STEFANO RELLANDINI / POOL (EFE)

Pope Francis prays in front of a candle lit to remember victims of abuse by the church, inside St Mary's Pro Cathedral during his visit to Dublin, Ireland, 25 August 2018

Madrid

“Más de mil menores fueron identificados como víctimas de abusos, aunque este jurado cree que fueron miles más”. Dos años de investigación han dado lugar a un informe de más de 1.300 páginas que recoge los abusos sexuales perpetrados por más de 300 clérigos durante setenta años en seis de las ocho diócesis de la Iglesia católica en Pensilvania.

Punto de Fuga: Los secretos de la Iglesia (02/09/2018)

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Una de las cuestiones más reveladoras de este escándalo es la constatación de que cada una de las diócesis “tenía la llave a archivos secretos que contenían las denuncias y los reconocimientos de esos abusos y su encubrimiento”. La Iglesia española también tiene capacidad de guardar sus casos de pederastia en secreto en expedientes confidenciales y protegidos por el derecho canónico. Uno de los cuatro acuerdos que el Estado Español y la Santa Sede mantienen desde 1979 garantiza la “inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de 1os Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas”.

Gil Sáez, canonista y vicario judicial de la diócesis de Cartagena, cree que en España no hay tradición de guardar archivos de esos casos. En el archivo secreto que tiene que tener cada curia de cada diócesis se guardan normalmente documentos de matrimonios celebrados de forma secreta, las actas de los consejos de gobierno, según explica Sáez, “pero en España a diferencia de otros países, no se guardan traslados ni el porqué del traslado de una persona que haya sido denunciada por abusos sexuales, esa cultura en España no la tenemos, así que si la justicia nos pidiera a una diócesis que le entregara los archivos, no iba a encontrar nada. Todo esto o bien el obispo saliente se lo dice al entrante o bien no se lo dice y luego se encuentra con la realidad”, asegura. “La Iglesia y cada pastor debe conocer lo que tiene, la inmensa mayoría de los obispos lo saben y lo conocen, pero falta ahora que, sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia y a la intimidad, hicieran una relación de lo que ha pasado para que así, aunque haya prescrito todo, haya al menos una reparación para las víctimas”.

Desde los tribunales eclesiásticos también aseguran que muchas cosas no se conservan, sin embargo, existen muchas dudas de que no existan esos archivos. Gema Varona, investigadora del Instituto vasco de criminología pide a la Iglesia que los abra, ya que eso podría ayudar enormemente al esclarecimiento de los casos de abuso.

Agencias

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En España sólo se han conocido casos aislados, como el del clan de los Romanones, en Granada, por el que fue llevado a juicio y absuelto el padre Román, sin embargo, parece difícil creer que no haya muchos más. Juan Ignacio Cortés, autor del libro “Lobos con piel de pastor”, ha documentado alrededor de 50 casos conocidos en España, pero la cifra real “nunca la sabremos y las historias tampoco las conoceremos todas, porque mucha gente se ha ido con sus historias de dolor a la tumba”, asegura.

Gema Varona, que ha estudiado la incidencia de los abusos sexuales dentro de la Iglesia española y concluye que el mayor impacto para estas víctimas es la traición de la confianza espiritual. “Hay un abuso de poder que no tiene tanto que ver con la vulnerabilidad de las víctimas como con un contexto y un proceso de ocultación, encubrimiento y culpabilización de las víctimas”. La diferencia con otros casos de pederastia es que se produce un “incesto espiritual”, las víctimas son cómplices del silencio porque el abusador lo busca, porque para ellos “el sacerdote es el contacto con Dios, entonces se vuelve todo un proceso perverso en el que muchas víctimas sienten vergüenza o se sienten culpables”.

Todos estos casos de abusos siguen un patrón que se ha repetido, al igual que la ocultación, el encubrimiento y el quitar importancia al asunto hablando de casos aislados. La ocultación ha sido posible, explica Cortés, “porque de alguna manera el secreto formaba parte de la Iglesia, pero ya va siendo hora de que deje de serlo”. En su libro narra cómo la Iglesia ha tenido constancia de los casos de pederastia que había en su seno desde hace siglos. Al comienzo había una actitud clara de condena de estos casos que coincidía con la seguridad de la Iglesia en su poder secular. Pero tras el siglo XIX y el periodo de poder de la Iglesia, ésta se siente más insegura y decide ocultar todos los casos que pueden suponer un escándalo y minar más aún su poder.

Protocolos que protegen a la Institución frente a la víctima

La Iglesia mantiene desde 2010 un protocolo de actuación para casos de abusos sexuales “desfasado, pensado para proteger al abusador y a la institución olvidando a la víctima” según reconoce Gil Sáez. Ese protocolo recoge consejos como “no ceder al clima de sospecha, de acusaciones infundadas, de denuncias muy tardías con sabor a montaje, de aprovechamiento con objetivos económicos y de la confusión y nerviosismo que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos”.

Pese a los numerosos escándalos que han salido a la luz en los últimos años, la Iglesia no ha adaptado todavía su protocolo a lo que manda el Vaticano y Naciones Unidas. “Va en contra de la carta circular de la congregación para la doctrina de la fe, que pide a todas las diócesis del mundo que hagan protocolos integrales”, explica Gil Sáez. Pero los protocolos que hace la Conferencia Episcopal no son vinculantes para las diócesis a no ser que esté aprobado por Roma, por eso, asegura Sáez, “nos encontramos con una especie de vacío legal y por eso la respuesta en algunas diócesis es más acertada que en otras”.

Las víctimas reclaman además que se amplíe el corto plazo de prescripción de estos delitos, uno de los principales problemas para que no se puedan llevar muchos casos a juicio. La rápida prescripción unida a la dificultad de denunciar para las víctimas, especialmente por el empeño de la Iglesia en ocultar los escándalos, es un problema global. Más de 36 años le ha costado a Jim VanSickle hablar de los abusos que había sufrido. “Pensé que tenía un amigo, alguien con el que podía compartir y a quien podría acudir con cualquier asunto que tuviera. Y lo hice, pero cuanta más información le daba, más sacaba su lado de depredador”. Su caso es uno de los dos únicos que han llegado a juicio en Pensilvania porque los del resto de millar de víctimas han prescrito.

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En 2010 se modificó la prescripción en el derecho canónico a 20 años desde que se cumplen los 18 pero, recuerda Gil Sáez, “se introduce una novedad que es la interrupción de la prescripción”, mientras que todavía es necesaria una ampliación del plazo en la jurisdicción estatal. De todos modos, Gema Varona insiste en la necesidad de que la Iglesia dé una respuesta a las víctimas, empiece a jugar un papel activo de honestidad y apertura en la lucha contra los abusos y termine con la ocultación.

La investigación en Pensilvania ha sido la última y más amplia llevada a cabo por un Gran Jurado, aunque hay otras que han tenido gran repercusión como la publicada por el Boston Globe en 2002, llevada al cine con la película ‘Spotlight’, y que fue el inicio del despertar a una realidad que llevaba décadas silenciada. En este caso, el padre John Grisham fue acusado por 150 niños y fue asesinado a los pocos meses de entrar en prisión. La archidiócesis de Boston, que mantuvo un silencio y encubrimiento similares a los conocidos en Pensilvania, indemnizó a centenares de víctimas.

El Papa Francisco reconoce en la carta que ha dirigido a todos los cristianos que son necesarios cambios culturales. Y desde el Vaticano se están impulsando esos cambios, asegura Juan Ignacio Cortés, pero “en Iglesias como las de España, Italia o Polonia el mensaje no ha calado”. En España faltan también centros de atención a las víctimas y un mayor apoyo institucional. Según Cortés, el Papa está encontrando muchas resistencias a la hora de sacar todos estos casos a la luz. Su antecesor Benedicto XVI tuvo que renunciar ante la dificultad de limpiar la suciedad que encontró dentro de la Iglesia y ahora Bergoglio está teniendo que enfrentarse a lo mismo.

 
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