Una vergüenza
La estrategia de criminalización de la sociedad civil movilizada en defensa de los derechos de migrantes supone perder instrumentos vitales para salvar vidas, además de un apagón informativo de primer orden
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El Mediterráneo corre el peligro de quedarse sin testigos de las tragedias que sí, siguen ocurriendo día tras día. En las aguas de Italia, en las fronteras de Grecia, en el Estrecho del Gibraltar. Los voluntarios que arriesgan sus vidas para evitar que otros las pierdan se enfrentan a la Justicia y con acusaciones gravísimas.
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Tres bomberos bomberos sevillanos se enfrentan en Grecia a penas de hasta 10 años por rescatar personas del mar cerca de la isla de Lesbos. La activista Helena Maleno, la voz que alerta de las vidas en peligro a bordo de pateras y de embarcaciones de juguete en el Estrecho está pendiente ahora de si Marruecos le abre juicio oral tras haber declarado en dos ocasiones allí. Sobre unos y otra se enfrentan a acusaciones de tráfico de personas, nada menos. Y el barco de la ONG Proactiva Open Arms sigue detenido, secuestrado preventivamente por orden de un juez en Sicilia, donde acusan a sus tripulantes de favorecer la inmigración irregular.
No es solo que se pierdan instrumentos vitales para salvar vidas. Es también un apagón de primer orden porque ya apenas quedarán testigos civiles de lo que el mar se traga, de lo que el mar sepulta. Esta estrategia de criminalización de la sociedad civil movilizada en defensa de los derechos de migrantes y refugiados precisa de explicaciones claras y de políticas activas de los gobiernos europeos que no quieran ser cómplices de esta vergüenza.
3116 personas murieron en el Mediterráneo el año pasado. Eso que sepamos y según los datos recogidos por la Organización Internacional para las Migraciones.