El nombre de Dios en vano
El editorial de Celia Blanco en 'Contigo Dentro'
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Madrid
Que una asociación sea considerada de utilidad pública es algo realmente importante, un reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior, que demuestra que esa asociación defiende el interés general. Son asociaciones con carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades.
Asociaciones de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a la personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.
A cambio, estas entidades obtienen beneficios fiscales, como por ejemplo, no pagar el IBI o el impuesto de sociedades y también disponen de asistencia jurídica gratuita y reciben subvenciones. Ser una asociación de utilidad pública certifica que la finalidad de la asociación merece un cuidado especial por todo lo que hace por el bien común.
En la última revisión de las asociaciones españolas que merecen el calificativo, seis asociaciones que trabajan con toxicómanos o refugiados han perdido tal distinción. A cambio, Hazte oír para el Gobierno de Mariano Rajoy, sí es una entidad de utilidad pública. ¿Recuerdan el autobús naranja que recorrió todo el país con aquel mensaje de odio hacia las personas transexuales? Era el autobús de esta asociación. Hazte Oír destaca precisamente por su firme intención de que cualquier persona que no sea heterosexual o que haya nacido con un género que no le corresponda, no tenga derechos. Es decir, una asociación que incluso rebate a Naciones Unidas, quien desde 2014 combate la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Para el gobierno de Mariano Rajoy, la 'Asociación de Deportistas Contra la Droga', fundada en 1991, o La asociación Pangea, una ONG afincada en Málaga que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, no son de utilidad pública. Pero sí, la asociación ultracatólica, y eso que en el mismo Congreso de los Diputados se votó en marzo la retirada inmediata de esta categoría para el grupúsculo ultracatólico, homófobo y heteronormativo.
Vaya, igual que en la Comunidad de Madrid, que no se cumple lo aprobado en la Asamblea con mayoría absoluta en marzo de 2016 para evitar la LGTBIFobia. Se ve que el Partido Popular se cuida muy mucho no solo de que los no heterosexuales tengan derechos, además se encarga personalmente de favorecer a los que discriminan, incitan al odio y revocan derechos que, repito, la propia ONU defiende y promueve. Lo cuento, para que les quede bien claro quiénes son los amigos y las asociaciones que le gustan a este gobierno. No vaya a ser que nos hagamos líos y nos conformemos con los cantos de sirena de muchos que, efectivamente, tienen amigos maricones. Incluso puede que se hagan fotos con personas transexuales siempre y cuando sean famosas, conocidas y tengan detrás un par de periodistas y fotógrafos que certifiquen lo bien que se llevan. Pero se cuidan muy mucho de que los homosexuales, los intersexuales o personas transexuales, puedan tener los mismos derechos que los que se casan por la Iglesia. No vayamos a utilizar el nombre de Dios en vano.
