"No somos tontos, solo somos diferentes"

Madrid

El pasado mes de noviembre todos los partidos políticos acordaron modificar la Ley Electoral (Loreg) para que unas 100.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual y que hayan sido declaradas incapaces por un juez, puedan recuperar su derecho al voto. Esta modificación de la ley se hará efectiva, salvo cambio de criterio de algún partido durante su tramitación, para las elecciones municipales y autonómicas de 2019. España ha incumplido hasta ahora la convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que el Parlamento ratificó en 2008 y gracias a esta reforma se terminará con la vulneración de derechos humanos y civiles que ha habido.

La decisión ha sido acogida con entusiasmo en colectivos como la Asociación Pro Personas con Discapacidad (Afanias) desde donde vienen denunciando el tratamiento discriminatorio que reciben las personas con discapacidad intelectual. El origen de Afanias se remonta a 1964, año en el que un grupo de familiares de personas con esta discapacidad unieron sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de un colectivo que por entonces carecía de muchos derechos. Sin apenas recursos y con muchísima voluntad fueron logrando avances y abriéndoles puertas. Aquella ilusión compartida fue el germen de lo que hoy es una organización consolidada con más de 800 trabajadores, centros educativos, centros ocupacionales y empresas.

En España hay cerca de 270.000 discapacitados intelectuales. David, Paola y Adela forman parte de este colectivo y desde Afanias alzan la voz contra una discriminación invisible de la que muchos de nosotros somos responsables. Sus testimonios no te dejan indiferente, son un alegato frente al anonimato, relatos que muestran la dificultad de “vivir con tantas barreras.” Su lucha es la de miles de personas que como ellos denuncian la violación de derechos fundamentales que sufren a diario: “Nuestra discapacidad no nos incapacita para saber lo que queremos o para vivir como cualquier otra persona. No somos tontos, solo somos diferentes”, apuntan. El derecho al voto es una de sus reivindicaciones, les duele “verse fuera” del sistema electoral o estar excluidos de las mesas electorales, por ejemplo. Paola y David son dos de las 100.000 personas incapacitadas que perdieron la posibilidad de votar, les retiraron este derecho tras hacerles un examen sobre conocimientos políticos: “A ningún ciudadano le examinan para saber si puede votar. Nos discriminan. Si hicieran esas preguntas a la mayoría de los ciudadanos media España no podría hacerlo”, afirma David. Gracias a esta reforma, cuando se haga efectiva, recuperarán el derecho al voto.

Para lograr su plena integración se necesitan políticas, programas eficaces y, sobre todo, mucho trabajo y concienciación. Mario García, psicólogo de Afanias, trabaja para que los derechos de personas como David, Paola o Adela no se diluyan en el olvido, de ahí la importancia de conocer sus historias y ayudarles a visibilizarse: “El voto es un derecho prioritario para ellos, un colectivo cada vez más consciente de que quiere ser, en la medida de lo posible, autosuficiente. Cada vez son más los que quieren tener voz propia.”