Así funciona el Jurado Popular en España
Ser español, mayor de edad y saber leer y escribir son algunos de los requisitos que la ley aprobada en 1995 establece para que los ciudadanos participen en la administración de la justicia.
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Sergio Morate, acusado los asesinatos de Marina Okarinska y Laura del Hoyo en agosto de 2015. / José del Olmo (EFE)
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Madrid
El jurado popular es un mandato recogido en la Constitución Española de 1978 con el que se quiso recuperar un mecanismo judicial que ya estuvo vigente en otros periodos liberales de nuestra historia hasta que fue suspendido en 1936. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 20 años desde la aprobación de la Carta Magna para que el denominado 'Tribunal del Jurado' fuera de nuevo una realidad.
Ser español, mayor de edad, y saber leer y escribir son algunos de los requisitos que la ley aprobada en 1995 establece para que los ciudadanos participen en la administración de la justicia. Delitos de asesinato, malversación de caudales públicos o incendios forestales están entre las competencias de este tribunal cuyos miembros se eligen cada dos años mediante un sorteo por provincia teniendo en cuenta las posibles incompatibilidades: ni Rey, ni los miembros del Gobierno ni los diputados pueden formar parte de un jurado. A partir de ahí las excusas se reducen. Pueden disculpar su presencia los mayores de 65 años, los que sufran trastorno por cargas familiares o los que desempeñen, dice la ley, trabajo de relevante interés general.
Una vez que se pone fecha para el juicio comienza el trabajo del jurado. Defensas y acusaciones son libres de recusar a cualquiera de las 36 personas preseleccionados para cada proceso hasta dar con los 9 hombres y mujeres, más dos suplentes, que emitirán un veredicto. Después un juez profesional dictará la sentencia. Pero en los 22 años que han pasado desde que fuera aprobada la Ley del Jurado también ha habido casos polémicos que han puesto en duda el sistema. Casos como el del crimen de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en el que el juez enmendó el dictamen del jurado absolviendo del delito de asesinato a una de las acusadas, han mantenido vivo el debate sobre la idoneidad de que personas sin conocimientos de derecho impartan justicia.