Amnistía moral

La amnistía fiscal fue la herramienta que el Gobierno utilizó, en lo peor de la crisis, para comunicar que defraudar al Estado tiene un precio. Que ese precio era bajo, y además de bajo, negociable. A los que siempre habían estado en España tributando dentro de la ley se les exigía un esfuerzo; a los que habían delinquido, se les pedía por favor que devolviesen el dinero con unas condiciones especiales. Es decir: si uno había evadido impuestos, la crisis le daba la oportunidad de regularizar su situación pagando un 10% de la fortuna que hubiesen defraudado. Como eso no atrajo a mucha gente, se bajó al 3%. La amnistía siguió siendo un fracaso económico, pero una victoria para los que creen que evadir impuestos merece la pena. Ese fue el mensaje del Gobierno a través de la amnistía fiscal. Si ganas mucho pagas la mitad y el IRPF va bajando hasta el tramo de los que evadido impuestos: esos pagan el 3.

Nos hemos movido en un plano moral que lo único que ha hecho es deslegimitar al Gobierno como institución que debe de vigilar e impedir el fraude, no homologarlo, y presentar al Constitucional en este asunto como un tribunal que riñe sin castigo. Con un viejo problema de fondo: la corrupción tiene efectos devastadores sobre la vida de la gente. También la que se produce de forma horizontal, la abstención de pagar impuestos de ciudadanos que consideran que lo que ocurre en España no va con ellos hasta que España, como hizo el Gobierno, se hace cómplice de su delito y paga el rescate. Porque eso fue en esencia la amnistía fiscal: la negociación del Gobierno con un grupo de delincuentes ante los que se le ponía botín, helicóptero y destino sin que ni siquiera de atendiese a su oferta.