Un ministro parlanchín

Madrid

No habrá manera de que la justicia recupere su necesario prestigio hasta que los ministros del ramo no dejen de hablar todo el día sobre las sentencias de los tribunales o las actuaciones de los fiscales y hasta que los partidos dejen de negociar en una misma mesa cuáles serán los miembros de Tribunal Constitucional y los del Tribunal Supremo, como si una cosa y otra tuvieran algo que ver, cuando no debe ser así.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene lo que Joaquín Prieto ha calificado en un artículo en El País de “facundia”, una facilidad y abundancia de palabra que le lleva a opinar sobre la calidad del trabajo de los jueces y a calificar, por ejemplo, de anómalo que los fiscales de Murcia se negaran a firmar el escrito de la superioridad exigiéndoles que no investigaran al presidente de la Comunidad. El ministro debería contenerse, dice Prieto, para no aumentar la confusión de los ciudadanos. ¿Quién va a confiar en una reforma de la Justicia que encomiende a los fiscales la investigación de los delitos, en lugar de hacerlo, como sucede ahora, los jueces de instrucción, si esos fiscales, no es que tengan dependencia orgánica del Fiscal General del Estado, sino que el propio gobierno da la impresión de que trabajan, o no, de acuerdo con sus instrucciones?

Parece que ese ministro en concreto se encarga también de las negociaciones para designar a los cuatro nuevos miembros del Tribunal Constitucional que, en propuestos por el Senado, deberán ser nombrados en fechas próximas. Se trata de una elección importantísima, fundamental para poder comprobar si PP y PSOE han aprendido algo o si continúan con las viejas mañas, que tanto desastres han provocado en el pasado. Ojala tengan claro que los tiempos han cambiado. Porque han cambiado