Transparencia en la Corona
Una monarquía parlamentaria no puede estar protegida también de las explicaciones necesarias cuando alguien de su entorno tan próximo es condenado a seis años de prisión por un delito que provoca tanta alarma social como la corrupción
Pepa Bueno: 'Transparencia en la Corona'
03:40
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Madrid
Hoy sabremos si Iñaki Urdangarin ingresa en prisión de manera inmediata o si se espera a que la condena a 6 años de prisión sea firme ante el previsible recurso al Supremo que podría tardar un año en resolverse.
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El propio fiscal Horrach ha ido dando pistas contradictorias. Que con una condena superior a cinco años la regla suele ser pedir el ingreso en prisión inmediata. Pero también insinuó que podría pedir el ingreso en prisión eludible bajo el pago de una fianza, lo que podría significar que finalmente no lo haga, no vaya a la cárcel ahora.
Corresponde a las tres juezas de Palma esta decisión y solo a ellas, pero es del todo necesario que sea cual sea, esté muy claramente argumentada. El ingreso en prisión de una persona, la privación de libertad, es algo muy serio con lo que no se puede frivolizar, pero precisamente por eso, porque vemos a diario ingresos en prisión de personas que no tienen ni una potente defensa jurídica ni pueden permitirse vivir en Suiza para huir del dolor y la presión que supone un descalabro vital así, la decisión que hoy se tome en la Audiencia de Palma no debería dejar ninguna sombra de duda.
Hoy se decide si entra en la cárcel por corrupción un cuñado del Jefe del Estado en un país democrático. No es un asunto menor. Y llama la atención que la Casa Real lo haya liquidado sin un pronunciamiento expreso más allá del inevitable respeto a la Justicia que comunican fuentes de Zarzuela. Eso se da por supuesto. Una monarquía parlamentaria no puede estar protegida también de las explicaciones necesarias cuando alguien de su entorno tan próximo es condenado a seis años de prisión por un delito que provoca tanta alarma social como la corrupción. El viernes pasado cuando se conoció la sentencia, el Rey tenía un acto público y fue una ocasión de oro, no para impedir a los periodistas acercarse a él, como ocurrió efectivamente. Fue una ocasión de oro para dirigirse a los españoles a través de los periodistas que lo seguían, verbalizar ese respeto a la ley y argumentar los cortafuegos y las medidas de transparencia que Felipe VI ha levantado para que algo así no vuelva a ocurrir.
Este desgraciado episodio y su final judicial, al menos de momento, debería servir también para que, sin excusas políticas de ningún tipo, el Parlamento desarrolle una ley sobre el estatuto de la Corona y se clarifique de una vez las compatibilidades, incompatibilidades, actividades y movimientos que los miembros de la Casa Real pueden y no pueden realizar. Así como que resida en el Parlamento la facultad de retirar los derechos sucesorios de un miembro de la línea de sucesión que, por la razón que sea, esté claro que no debe tenerlos. Ahora mismo solo la infanta Cristina puede renunciar a esos derechos que le ha reclamado insistentemente su familia. Pero es que esto no es una cuestión de familia. Es una cuestión que afecta a la Jefatura del Estado y estamos en el siglo XXI.
Nuestra historia reciente demuestra que no se protege a las instituciones aislándolas y manteniéndolas en una burbuja en la que otros hablan por sus protagonistas como si lo que no se menciona no existiera o no manchara. Las instituciones se protegen con transparencia y comunicación.
