La palabra dada y escrita

Madrid

La minoría parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados y en las comunidades autónomas le llevó a firmar acuerdos de investidura con Ciudadanos. Acuerdos firmados libremente, sin ningún tipo de coacción, llenos de cautelas ante los casos de presunta corrupción que le han aparecido como setas en los últimos años. El acuerdo que convirtió a Pedro Antonio Sánchez en presidente de Murcia hace … años dice textualmente en su primer punto:

“Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

Y el artículo 54 de la Ley de Transparencia regional en vigor indica que:

“La permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con mantenerse en un cargo público”.

Y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo ha citado como investigado por el caso Auditorio, la construcción y recepción de un macro auditorio en Puerto Lumbreras que costó seis millones de euros y está a medio terminar por dentro. El propio presidente regional dijo: "Si me imputan por el caso Auditorio dimitiré porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra. Y no esperaría a que nadie me lo pidiera".

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Los presuntos delitos por los que Pedro Antonio Sánchez ha sido citado son malversación, fraude y falsedad documental. Todos ellos están incluidos en la lista de artículos del Código Penal que la Ley de Transparencia regional reconoce incompatibles con el ejercicio de cargo público.

Ahora, después de una semana de tensión por el otro caso en el que estaba implicado -el caso Púnica-, tensión entre las fiscales del caso que querían imputarlo, la Fiscalía General de Estado que ordenó que no se le imputara, el ministro de Justicia que dijo aquí en Hoy por Hoy que entre las fiscales y el fiscal general él se creía al fiscal general y apuntó que había que tomar medidas porque había trascendido la discrepancia… Después de todo eso, el juez del caso Auditorio cita como investigado, como imputado, al presidente murciano.

El PP dice que se trata de un error administrativo y no corrupción y se remite al debate eterno de la presunción de inocencia -nadie la pone en duda- o a la frivolidad de apartar de sus cargos a responsables políticos antes de saber si es culpable o inocente. Muy interesante debate sin duda. Pero, ¿entonces por qué firmaron los acuerdos? No es la oposición la que califica los presuntos delitos que se le imputan al presidente murciano, sino un juez. ¿O pretende enmendarle la plana también a un juez y calificar el propio partido los presuntos delitos de su alto cargo?

Alcanzar o conservar el poder a cualquier precio y retorcer después la letra de los acuerdos políticos que lo hacen posible. Solo se explica por la sensación de impunidad de un partido que no ha rendido cuentas políticas por los gravísimos casos de presunta corrupción que lo han acosado y lo acosan. Casos que no le han impedido conservar el poder en Murcia o el gobierno de España.