La falta de explicaciones

Madrid

El Congreso de los Diputados aprobó ayer tramitar una proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, para reformar las normas que regulan la concesión de indulto. Se trata fundamentalmente de impedir que se pueda conceder indulto parcial o total cuando se trate de delitos cometidos por la autoridad en ejercicio de su función o cargo público (es decir, los relacionados con la corrupción) y tampoco cuando se trate de delitos vinculados con la violencia de género.

Muy importante sería también, caso de que se apruebe finalmente, la obligación de que el gobierno explique la motivación de cada medida de gracia, algo que hasta hoy no es necesario. Por ejemplo, no hay explicación alguna de por qué el consejo de ministros indultó esta semana a cinco funcionarios y un ex concejal del ayuntamiento de Rota, en Cádiz, condenados en firme por prevaricación y falsificación de documentos oficiales. Las medidas de gracia, publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado, son parciales, pero permiten a los funcionarios corruptos eludir la entrada en prisión e incluso les abre la vía a poder reincorporarse a su trabajo, finalizada la inhabilitación.

Es posible que esas personas reúnan condiciones especiales que hagan aconsejable el indulto, pero no hay manera de saberlo porque en los decretos no se dice ni palabra al respecto. Imposible que el Gobierno mantenga así la imagen de que existe tolerancia cero con la corrupción.