¿Quién defiende el prestigio de las instituciones?

Madrid

España es probablemente la única monarquía europea en la que un miembro de la familia real, una infanta —hija de Juan Carlos I y hermana de Felipe VI— se sienta en el banquillo de los acusados, como posible autora de un delito fiscal. En otros países europeos, miembros de familias reales que protagonizaron situaciones igualmente dudosas, o que podrían haber sido procesados por delitos parecidos, esquivaron los juicios mediante el acuerdo o silencio de todos los grupos políticos. Así que el procesamiento de la infanta Cristina es una demostración de la saludable justicia de Baleares, que ha superado todas las presiones para impedir que se llegara a este punto y que ha logrado situar a la infanta en el mismo lugar que cualquier otro ciudadano en sus circunstancias.

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Decida lo que decida finalmente el tribunal, tenga o no responsabilidad penal la infanta Cristina, parece ya más que evidente que la Casa Real —el organismo que, bajo la dependencia directa del rey, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se derive de sus funciones— ha venido incumpliendo seriamente sus obligaciones en años pasados. No fue capaz de advertir y poner fin rápidamente a la dudosa situación fiscal y administrativa de la sociedad Aizoon, en la que un miembro directo de la familia real estaba involucrada. Y puestos a señalar comportamientos incorrectos, lo tuvieron también todos los presidentes del Gobierno que dejaron de cumplir con su obligación de controlar el prestigio de las instituciones, una de las cuales es la jefatura del Estado encarnada en la monarquía. Dicho todo esto, resulta obscena la manera en la que algunas personas se relamen de gusto por ver a Cristina de Borbón en el banquillo.