El Gobierno niega que se despidiera a un directivo por denunciar el caso

Madrid

La Operación Frontino, que investiga delitos de cohecho, malversación, prevaricación, fraude y organización criminal entre otros por las adjudicaciones de al menos seis proyectos por parte de la sociedad pública Acuamed, ha estallado esta semana, pero las irregularidades fueron detectadas hace ya dos años, sin que nadie las atajara. Fue Francisco Valiente, entonces director de Construcción de Acuamed, quien advirtió las supuestas operaciones fraudulentas e intentó hacerlas llegar por todos los medios a los distintos responsables de la empresa pública y también al Ministerio de Agricultura, pero nadie hizo nada al respecto.

Finalmente opta por enviar un requerimiento notarial, que la secretaria del consejo de Acuamed recoge días más tarde y lo eleva a la reunión del consejo de administración que tiene lugar esa misma tarde. Según el relato del testigo clave al juez Velasco, el consejo decide no analizar el grueso requerimiento notarial que contenía la denuncia de Francisco Valiente. En cambio, adopta una decisión sorprendente: el despido de forma unilateral del directivo denunciante.

El Gobierno defiende en que el despido no guarda relación con la denuncia. “En ese consejo de administración había una serie de actuaciones en marcha, un comité interno para un seguimiento de obras. De la información disponible, el escrito no es una denuncia, sino una carta de alguien cuyo cese ya se había decidido. No se desprendía la sospecha de ilícitos penales. En el consejo de administración que se acuerda su destitución, la secretaria recoge el escrito en la notaría. Primero está el cese y después el conocimiento de la carta, que no se estudia hasta el siguiente consejo de administración”, explica Pablo Saavedra en una entrevista en ‘Hora 25’.

El secretario de Estado de Medioambiente y presidente de AcuaMed admite que poco después de la denuncia se requiere documentación de la Fiscalía, cuya investigación dice que va más allá. “Ahora se están conociendo una serie de investigaciones que no coinciden con lo que decía ese director de Construcción”, apunta para intentar explicar la coincidencia del despido.

Saavedra se afana en defender la colaboración del Gobierno con la justicia y su contundencia. “El lunes se tuvo conocimiento de la detención de dos personas nombradas por ese consejo, se convocó de urgencia y se tomó la decisión por pérdida de confianza”. Sin embargo, dice no tener capacidad para readmitir a trabajadores que fueron recolocados por denunciar el fraude. “El resto de personal laboral forma parte de la empresa y no dependen del consejo”, señala. El presidente de AcuaMed, cargo que asume al ser nombrado secretario de Estado de Medioambiente hace apenas seis meses, recalca que “se ha creado una auditoría interna y un grupo de trabajo para conocer todos los hechos acaecidos”. Saavedra, que asegura que no ha sido llamado a declarar por el juez Eloy Velasco, dice que estaría encantado. “Vamos a hacer el esfuerzo máximo para que se esclarezca todo lo que ha pasado y se depuren las responsabilidades”.

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