“La atención sanitaria a los inmigrantes no es competencia de la Unión Europea”
Abordamos la decisión del Gobierno de crear un registro nacional de inmigrantes irregulares
Inmigrantes africanos, en un centro de salud en Bilbao. / LUIS ALBERTO GARCÍA
Madrid
Hace tres años 800.000 inmigrantes en situación irregular se quedaron, de un día para otro sin tarjeta sanitaria en España, sin derecho a la misma atención médica que sus vecinos o compañeros de trabajo. Ahora, el Gobierno parece dar marcha atrás y, en lugar de devolver la tarjeta, propone la creación de un registro nacional de inmigrantes en situación irregular que facilite un "documento". En Hoy por hoy hemos comentado esta decisión con Inés Díez, responsable del área jurídica de Red Acoge, para saber si separar en listas a unas personas de otras es la forma de organizar correctamente la atención sanitaria.
“El registro ahuyentará a ciertos inmigrantes que tengan que acudir a los servicios de salud”
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El ejecutivo ha justificado la creación de este registro aludiendo a las amenazas de imposición de sanciones por parte de la Unión Europea, algo que, a juicio de Red Acoge carece de sentido. "Gestionar los sistemas sanitarios no es una competencia de la Unión Europea. Cada estado miembro administra su sanidad según sus necesidades", apunta Pérez.
"Hay países donde los inmigrantes en situación irregular sí tienen acceso al sistema sanitario público, como Portugal, Francia o Italia. Y la UE no tiene nada que decir al respecto", añade.
Pérez acusa al ejecutivo español de utilizar estas supuestas sanciones como justificación para restringir el servicio de sanidad pública a los residentes en situación irregular. "Intentan ampararse en esta teoría del turismo sanitario para ofrecer condiciones sanitarias en condiciones de desigualdad con respecto al resto de residentes en España", afirma la responsable del área jurídica de Red Acoge.
Sobre las características de este nuevo registro, Pérez está convencida de que ahuyentará a aquellas personas en situación irregular que tengan que acudir a los servicios de salud, ya que deberán acreditar una situación de empadronamiento y los servicios sociales tendrán que determinar en qué situación están.
"El empadronamiento, además, no garantiza el acceso directo a ese registro ni, como consecuencia, a la sanidad pública. Es necesario un informe previo de los servicios sociales para decidir dice si esa persona entra o no en el registro", señala Pérez. "Tampoco se aclara si, al quedar registrados, tendrán acceso a únicamente a la atención primaria o si tambien a podrán acceder a los especialstas o a los medicamentos. Es un sistema muy complejo y deja muchas dudas en el aire", concluye.
