Los cambios llegan a la ley
Reflexión sobre la aplicación de la LOMCE después de que el PP haya perdido el poder en la mayoría de las comunidades autónomas
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Madrid
Primera consecuencia del cambio político en España. Las comunidades autónomas pueden forzar la paralización de la LOMCE, la polémica reforma educativa del ministro Wert que el próximo curso, en septiembre, ya debería empezar a aplicarse en toda Primaria y comenzar en la ESO y el Bachillerato.
Al menos 12 de las 17 comunidades autónomas van a estar gobernadas por partidos que no son el PP y que rechazan la ley. Doce de diecisiete, y la consejera catalana ya ha iniciado los contactos a la espera de que se constituyan los nuevos gobiernos en el resto de España.
De momento, esta mayoría de bloqueo puede conseguir forzar al gobierno central a convocar una conferencia sectorial en la que se debata la moratoria o la paralización. La queja no es nueva, argumentan falta de recursos y de tiempo para implantar la ley que afecta a más de 8 millones de escolares españoles. Lo que sí es nuevo es la minoría en la que van a quedarse las comunidades gobernadas por el PP frente al resto.
La ley es estatal, pero su aplicación corresponde a los gobiernos autonómicos que dedican a este capítulo la segunda partida más grande de sus presupuestos después de la Sanidad.
