Voluntarios bajo sospecha

Madrid

La acumulación debe ser casual, pero hoy tenemos dos desencuentros con la justicia –dos- que a mí, sinceramente, me cuesta bastante digerir. Vamos a ver, el primero en realidad es con el ministro por eso que insinuó ayer de castigar a los medios que publiquen información de sumarios judiciales, palabras que hoy -aparentemente- se ha comido con patatas pero que quedan ahí, flotando, no sé si como advertencia, como amenaza, o sólo como metedura de pata; que no lo creo....Pero es que hay otro asunto, incluso diría que más de fondo, más filosófico, que tiene que ver con esa faceta tan fundamental de la justicia que es la reinserción. Resulta que en el proyecto de ley del voluntariado que se está debatiendo en el Congreso se establece una condición para ser voluntario: no tener antecedentes penales.

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A ver, para ser exactos, lo que ha introducido el gobierno es una referencia explícita a delitos como la violencia de género o el terrorismo –eso como punto de partida- pero luego traslada a las propias ONG's el control y la gestión de los aspirantes que hayan sido condenados por cualquier otro motivo. Y, claro, las ONG's están que trinan porque ese control que les proponen choca de frente con el modelo social inclusivo que propugnan; porque creen que no les toca a ellas y porque además podría acabar poniendo en cuarentena aportaciones muy valiosas: las de personas que cometieron errores, que pagaron por ellos y que ahora pueden hablar –y actuar- desde la propia experiencia.

Total, que no sé si esto responde a un proteccionismo exagerado o a alguna consigna de tipo moral –aclaremos que depende del ministerio de Sanidad-; pero desde luego ha soliviantado a las ONG's. Y sabiendo el papel que juegan en todo el tejido social, esa queja no puede –ni debe- ser ignorada.