“Las preferentes eran legales, pero no la forma en que se vendieron”

Madrid

Cerrará sus puertas, pero no por los recortes ni debido a ninguna mala noticia. El juzgado de Cantabria que dirige Luis Sánchez Gall se creó, específicamente, para tramitar las denuncias de las preferentes. A finales de marzo, aproximadamente, este habrá cumplido su objetivo, este era: hacer frente al aluvión de demandas individuales que el fraude bancario había provocado. De las 800 reclamaciones tramitadas por su instancia, solo una acabaría en una negativa para el demandante. "Las preferentes son legales, pero no la forma en la que se vendieron", cuenta el juez.

Sánchez Gall niega que fuera su sensibilidad la que, al dictar sentencia, inclinó la balanza en favor de los afectados. Como cuenta, el resto de los juzgados de Cantabria también están dando la razón a quienes cambiaron, sin quererlo, su dinero por acciones del banco abocadas a perder su valor. "La probabilidad de que ganen quienes vendieron las preferentes es de uno contra mil", opina el magistrado. Aunque la justicia solo cuente con dos relatos contrapuestos —el del vendedor y el del comprador—, durante el juicio habría que demostrar que al usuario se le ofreció documentación de lo que estaba adquiriendo. Con todo, y a pesar de que los bancos no contaban con estos escritos, solo la tercera parte de los casos resueltos ha acabado en un acuerdo.

El temor a que las denuncias por las preferentes desborden los juzgados tradicionales ya no existe: el goteo que se prevé a partir de ahora es más bien poco. "La ola ya ha pasado", cuenta el juez, especializado en este fraude bancario. Para él, la agilidad con la que se creó esta oficina concreta fue, aunque extraña en el mundo de la justicia, todo un acierto. También un varapalo para Liberbank, la entidad que heredó la estructura y el capital de Caja Cantabria, hacia la que se han dirigido casi todas las denuncias del juzgado.