¿Son responsables las administraciones públicas navarras cuando las subcontratas no cumplen con las medidas preventivas?

Pamplona

El pasado 1 de septiembre de 2022, alrededor de las 23.00 horas, una trabajadora de las cocinas del Hospital Universitario de Navarra finalizó su turno y, antes de marcharse del recinto, utilizó uno de los aseos públicos. Un hombre que estaba escondido allí, la siguió, empujó la puerta del baño y la agredió sexualmente. El varón fue condenado a ocho años de prisión y la víctima presenta un trastorno de estrés postraumático y sintomatología ansioso-depresiva. En 2023, asesorada por el sindicato ELA y su fundación especializada en riesgos laborales, Bidelagun Fundazioa, la trabajadora presentó una solicitud para el recargo de prestaciones por la inexistencia de medidas de seguridad. La justicia le ha dado la razón y, tanto el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS) y Catering Arcasa S.L. —empresa subcontratada— han sido condenados a abonar un recargo del 30% en las prestaciones que recibe esta empleada por no haber garantizado unas condiciones mínimas de seguridad y salud laborales. En concreto, por no haber habilitado vestuarios y baños propios para la plantilla de esta empresa subcontratada, cuando el personal de Osasunbidea sí los tiene. El abogado de Bidelagun Fundazioa, David Pena, ha explicado en la SER que las dos entidades "tienen culpa. Hay una figura en prevención de riesgos laborales que se llama coordinación de riesgos laborales. Cuando trabajadores de dos o más empresas prestan servicios en el mismo centro, tiene que haber una coordinación de actividades empresariales. Esto significa que se tienen que dispensar unas medidas de protección acordes con ese espacio en el que hay trabajadores de distintas empresas. Aquí tienen responsabilidad ambas porque ni la evaluación de riesgos laborales de la subcontrata contempla el riesgo de violencia externa de índole sexual y, a su vez, el documento de coordinación de actividades empresariales que hace el Servicio Navarro de Salud para esa contrata tampoco contempla ese riesgo".

Además, el Juzgado de lo Social nº 2 de Pamplona determina que tanto Osasunbidea como la empresa subrogada incumplieron el Real Decreto 486/97 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo “por la inexistencia de vestuarios, lavabos y retretes para la plantilla". Según la sentencia, las trabajadoras de Catering Arcasa “contaban con unas taquillas exclusivamente destinadas al calzado y se cambiaban en el almacén del producto seco. No contaban con aseos propios, a diferencia del personal al servicio de Osasunbidea, sino que debían hacer uso de los públicos”.

"La sentencia dice expresamente que el que las tareas que encomiende una administración pública sean ajenas a la propia actividad de la administración no comporta la imposibilidad de que se le pueda imponer el recargo. Es decir, aunque tú subcontrates una actividad que no es propiamente la tuya, tú puedes tener responsabilidad en el recargo y en dispensar las medidas de seguridad, estás obligado a ello", añade Pena.

Perspectiva de género

Pena destaca la aplicación de la perspectiva de género en esta resolución judicial y destaca los cambios que puede conllevar: "Creo que una de las consecuencias positivas que puede tener esta sentencia es que se empiece a visualizar la importancia y la necesidad de evaluar con seriedad el riesgo externo, el riesgo de violencia externa y el riesgo, particularmente, de violencia externa sexual. En muchas administraciones públicas hay muchas actividades que implican contacto con terceros que están subcontratadas". Son actividades, por ejemplo, como las que realizan las gerocultoras u otras trabajadoras de las residencias de ancianos.