El Gobierno de Navarra apoya la ley de reparto de menores migrantes: "El verdadero patriotismo se demuestra en estas cuestiones"

Pamplona

El 10 de julio tendrá lugar la conferencia entre gobierno central y las comunidades autónomas para debatir sobre la ley que pretenden impulsar el Gobierno de España junto al de Canarias, que establecerá un reparto obligatorio entre las distintas comunidades para aliviar el colapso del flujo migratorio en territorios como Canarias, o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La consejera de Derechos sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, se ha mostrado a favor del cambio en la norma: "Apoyamos al Gobierno del Estado en esta cuestión que no pretende otra cosa que adaptar nuestro sistema de acogida a un fenómeno como la migración, que es estructural y al que debemos dar una respuesta adecuada".

El consenso entre las distintas comunidades autónomas en la conferencia determinará el recorrido de la ley para su posterior tramitación en el congreso. El debate pasa por cambiar o no la Ley de Extranjería, sobre lo que Maeztu sentencia: "Es fundamental que se haga esa modificación para que en situaciones extraordinarias de contingencia migratoria haya un reparto obligatorio de los menores en las comunidades autónomas".

En los últimos días, el Partido Popular ha sembrado dudas sobre su posición respecto a la posible nueva norma, ya que mientras desde Madrid critican sin tapujos la iniciativa del gobierno, los populares gobiernan junto a Coalición Canaria en las islas, formando parte del ejecutivo impulsor de la ley. Respecto a los cambios de parecer en el PP sobre si dar más competencias a las comunidades autónomas o centralizar la responsabilidad del problema, la consejera ha apuntado que "el verdadero patriotismo y el verdadero sentido de Estado se demuestra siendo responsable en estas cuestiones que afectan a nuestro país". En ese sentido, el vicepresidente del gobierno canario, Manuel Domínguez se ha mostrado más discreto respecto a sus intenciones que el presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, quien ha mantenido las reuniones con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En la actualidad, Maeztu diagnostica que "hay unas diferencias considerables. Hay comunidades autónomas que apenas tienen menores no acompañados, y otras en las que desde hace ya tiempo hemos asumido un compromiso de país, pero también un compromiso con la convención de la protección de derechos de la infancia".

Actualmente, Navarra cuenta con unos 110 menores migrantes no acompañados, que son derivados en primera instancia al Centro de Orientación y Acogida de Marcilla. Tenemos 40 plazas en Marcilla, que es donde llegan en primer lugar una vez que vienen a Navarra. Una vez allí, tras una valoración de cada uno de los menores, los derivamos cuanto antes a pisos más pequeños", ha explicado la consejera de Derechos Sociales.

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Sin embargo, en la fundación Elkarte, donde ayudan a jóvenes migrantes con un centro de día que el Gobierno de Navarra se ha comprometido a financiar después de un año de actividad, aseguran que la vivienda es un obstáculo enorme para una integración digna. Idoia Gárate, su coordinadora, ha explicado que normalmente los jóvenes migrantes que llegan suelen estar durmiendo en la calle y que desde la fundación intentan buscarles habitaciones. "Estamos encontrando habitaciones por 300, 350, o 400 euros, que es mucho dinero". Además, ha denunciado que hay pisos con muy malas condiciones y con derechos muy restringidos. "Los chicos duermen en muy malas condiciones, con derechos a la ducha de 5 minutos, y sin derecho a usar la cocina". Idoia Gárate ha explicado también que en muchos casos los migrantes no pueden empadronarse en el piso en el que viven, o que hay pisos donde se empadronan pero donde no viven.