El caso de las mascarillas enfrenta al consejero Irujo con la Confederación Empresarial de Navarra

Pamplona

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que las mascarillas que fueron adquiridas en 2020 en el marco de un acuerdo entre la empresa pública Sodena, la Confederación Empresarial Navarra y Albyn no son propiedad de Sodena, por lo que, aunque estén almacenadas sin comprador, no puede disponer de ellas.

Irujo ha explicado en el Parlamento que lo que hizo Sodena fue conceder un crédito puente para que Albyn adquiriera esas mascarillas, pues en aquel momento era necesario el pago por adelantado, y ha afirmado que, al quedar 1,7 millones de mascarillas sin vender, lleva un año y medio de trabajo buscando un acuerdo con la CEN.

Sin embargo, ha señalado que, tras varios intentos, no hay acuerdo entre las partes, algo que ha achacado a que la CEN pide a Sodena y a la empresa Albyn que "renuncien de forma expresa e inequívoca a todos los derechos, pretensiones, reclamaciones y al ejercicio de todas las acciones de cualquier naturaleza". Irujo ha señalado que esta es una "línea roja" que Sodena no puede aceptar.

En la comparecencia, el consejero ha afirmado que las estimaciones de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) sobre las mascarillas que se consideraban necesarias en abril de 2020 para las empresas "no se cumplieron" y "el resultado fue el stock actual de 1,7 millones de unidades" sin vender.

Mikel Irujo ha explicado que, desde su llegada al Gobierno en febrero de 2021, ha trabajado "en el empeño de una búsqueda de solución extrajudicial así como en tratar de mitigar al máximo el deterioro" que esta situación ha generado en Sodena.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que esta operación de compra de mascarillas se puso en marcha en un contexto de "pandemia mundial, cierre de fronteras, estado de alarma" y con una "imperiosa necesidad" de las empresas de conseguir material de protección para retomar la actividad tras el primer confinamiento.

Tras conversaciones y reuniones con representantes de diversos sectores empresariales, el Consejo de Administración de Sodena aprobó la puesta a disposición de un préstamo puente de hasta 2 millones de euros para facilitar el pago de las mascarillas. "La CEN, que estuvo presente en estas reuniones, dio un paso adelante, y expuso que centralizaría las necesidades de los distintos agentes económicos y empresarial para una compra agrupada", ha asegurado.

Según Irujo, la CEN trasladó una estimación de necesidades para tres meses, basándose en la información que había recibido de las empresas. Así, la estimación fue de 2,4 millones de mascarillas y la empresa Albyn, con el préstamo de Sodena, adquirió la práctica totalidad, sólo 13.052 menos de la previsión hecha por la CEN. Las empresas, sin embargo, "realizaron compras en una cuantía muy inferior a la estimada por la CEN", ha dicho Irujo. En concreto, sólo compraron 389.00 mascarillas

Irujo ha afirmado que, ante esta situación, se ha propuesto a la CEN una "salida dialogada". El primer planteamiento fue buscar a una persona de común acuerdo, por ejemplo un abogado, que trabajara en la búsqueda de soluciones para dar salida al stock de mascarillas. Tras varias reuniones, el 13 de diciembre de 2021 la CEN "desestima dicha solución". "Entienden que no les corresponde abonar nada y se exige la renuncia previa de Sodena de cualquier acción legal, algo que es completamente inasumible", ha afirmado Irujo.

Tras este primer intento, a principios de 2022 se sigue buscando una solución, según el relato del consejero. Sin embargo, la CEN expresa por escrito su petición de que Sodena y Albyn "renuncien de forma expresa e inequívoca a todos los derechos, pretensiones, reclamaciones y al ejercicio de todas las acciones de cualquier naturaleza" por este asunto. Tras reuniones con el mismo resultado, Mikel Irujo trasladó a la CEN que "la renuncia previa a cualquier reclamación es una línea roja imposible de aceptar y la CEN concluye diciendo que los abogados de ambas partes deben ponerse en contacto".

Posteriormente, la Intervención del Gobierno de Navarra emitió un informe sobre presuntas irregularidades de esta operación, señalando que la actuación de Sodena en este contrato debería haber contado con la autorización previa del Ejecutivo foral. Tras este informe, la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoyen, fue cesada en el mes de agosto.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha planteado que, "si todo estaba tan bien hecho, a la gerente de Sodena le cesan por un incumplimiento de un procedimiento administrativo que conocía todo el Gobierno, que se realizó con pleno conocimiento de la presidenta del Gobierno, en un acuerdo que podía terminar con quebranto de dinero público, como así ha sido". "Ninguna mente cabal puede entender que el Gobierno de Navarra pierda 1,2 millones de euros de todos los navarros, mientras hay 1,7 millones de mascarillas cogiendo polvo en un almacén, y sigue comprando mascarillas a mayor precio que las que están almacenadas sin utilizar. Es una penosa gestión de dinero público. Un mal acuerdo en el que el único que asume riesgos es Sodena", ha censurado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "el objetivo del acuerdo pudo ser loable, pero estamos ante un ejemplo claro de las malas prácticas en la colaboración público privada, si hay beneficios, van para lo privado, y si hay pérdidas, las tiene que afrontar lo público". "La destitución de la gerente de Sodena fue un cortafuegos que pretendió ocultar el verdadero alcance de lo que podemos calificar como auténtica chapuza y mala gestión que se ha saldado con una pérdida importantísima de dinero público", ha señalado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha subrayado que el fin de la operación era "dar soporte al tejido empresarial navarro facilitando la adquisición de mascarillas a través de un crédito puente". "Siendo objetivos, además de buenas intenciones, las cosas hay que hacerlas bien, y el informe de control financiero concluye que la operación incumple con lo establecido en la ley foral de Hacienda Pública y tenemos un deterioro para las cuentas públicas. A la vista está que faltaron garantías para Sodena", ha dicho, pero ha pedido esperar al informe de Comptos para determinar responsabilidades.

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha señalado que hay una "imperiosa necesidad de dar salida a las mascarillas almacenadas y no podemos permitirnos, después de todo lo ocurrido, que se desperdicien en un almacén". "Por supuesto se debe actuar desde la seguridad jurídica y el compromiso de las partes implicadas de que ese reparto no incidirá en absoluto en los deberes y responsabilidad asumidos en el acuerdo. Lo que tiene que saber la sociedad es que las mascarillas no son de Sodena y no puede disponer de ellas a su libre albedrío", ha dicho, para valorar las iniciativas que está impulsando el consejero.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha considerado que "ha habido una suerte de cortafuegos hacia la CEN y el titular debería haber sido que la CEN deja colgada a Sodena con 1,7 millones de mascarillas, mascarillas que la CEN había pedido y no compra, o sobre las que había hecho una previsión absolutamente desbocada respecto a lo que podía vender". "El acuerdo que se firma es flojo, con pocas garantías para lo público", ha indicado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que "lo más importante es dar salida a estas mascarillas antes de que caduquen" y ha afirmado que "lo ocurrido evidencia sin lugar a dudas un mala gestión pública de esta operación". "¿Por qué no han sido utilizadas por Salud las mascarillas cuando eran necesarias? Esto exige una depuración de responsabilidades que no se arregla con cesar al cargo de turno", ha afirmado.