Recibe una llamada en nombre del banco, piden que desinstale una aplicación del móvil y 23.000 euros desaparecen con la estafa perfecta
La entidad bancaria aseguró que ninguno de sus empleados había solicitado la desinstalación de la aplicación
En un mundo cada vez más digitalizado, las estafas bancarias se han vuelto más sofisticadas y difíciles de detectar. Un reciente caso en la ciudad italiana de Alguer ha puesto en alerta a las autoridades y a la población sobre los peligros de las llamadas fraudulentas. Una mujer de 48 años recibió una llamada en nombre de su banco, le pidieron que desinstalara una aplicación de su móvil y, en cuestión de minutos, perdió 23.000 euros.
El supuesto operador insistió en que la aplicación de la entidad de crédito debía ser desinstalada, alegando que había estado inactiva durante demasiado tiempo. Sin embargo, tras completar la operación y esperar las 48 horas indicadas para la restauración, la mujer descubrió con horror que todo su dinero había desaparecido de su cuenta.
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El banco aseguró que ninguno de sus empleados había solicitado la desinstalación de la aplicación, revelando así la estafa en toda su magnitud. La situación se tornó aún más dramática al saberse que la víctima, madre de dos hijas y sin recibir ingresos de manutención, se encontraba ahora sin saber cómo seguir adelante.
La abogada de la mujer estafada solicitó al banco un crédito por el importe faltante, sin éxito, y una copia de las actas de investigación, los datos informáticos de las transferencias a la cuenta de la víctima, recibiendo también una negativa.
El banco atribuye la responsabilidad a la mujer, alegando que actuó con "culpable credulidad" al seguir las instrucciones de un supuesto operador. Sin embargo, como destacó la abogada Lombardo en su recurso ante el Colegio de Árbitros Bancarios y Financieros, los bancos están obligados a cumplir con estrictos controles conforme a la legislación europea. En este contexto, el organismo ha fallado a favor de la mujer de 48 años, otorgándole una indemnización de 4.450 euros. Este es solo el primer paso, ya que se prevé que el caso continúe en los tribunales, pudiendo sentar un precedente para futuros casos similares. Mientras tanto, se aconseja encarecidamente no atender llamadas telefónicas sospechosas, como la que sufrió la víctima.