PP y Vox se descuelgan de la reforma del Reglamento del Congreso que pretende poner coto a los pseudomedios
Todos los grupos parlamentarios, menos el PP y Vox, han registrado una reforma para evitar que los agitadores acreditados en la Cámara Baja sigan dificultando la labor del resto de periodistas

Los periodistas parlamentarios, a la puertas del Congreso. / Asociación de Periodisas Parlamentarios

Hay consenso entre los grupos parlamentarios: los pseudoperiodistas y agitadores acreditados en el Congreso de los Diputados están perturbando la labor de los medios de comunicación y es necesaria una nueva regulación. Un total de ocho partidos - PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria - ,a los que se suma Podemos, han registrado este viernes una proposición para reformar el Reglamento del Congreso, la norma que regula el funcionamiento de la Cámara Baja, para “establecer unas normas de convivencia y garantizar la labor de las y los profesionales de la información”. PP y Vox son los únicos que se han descolgado de la iniciativa.
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Los grupos parlamentarios explican que las asociaciones de periodistas han reclamado en diversas ocasiones que se aborde esta nueva problemática para poder garantizar que los profesionales de los medios de comunicación puedan seguir realizando su labor con normalidad. Decenas de ellos se concentraron, de hecho, a finales de febrero en las escalinatas de la Puerta de los Leones para protestar en contra de estos pseudoperiodistas y agitadores que se dedican a amenazar y señalar a los periodistas. “Se dedican a intimidar, a faltar al respeto y a dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas”, escriben los grupos en la exposición de motivos de la propuesta.
La reforma amplía el artículo 98 del Reglamento del Congreso de los Diputados para incluir sanciones a los profesionales acreditados que incumplan la normativa, garantizando así que se respetan “las reglas de cortesía parlamentaria”. Para ello, la propuesta establece infracciones, como mentir a la hora de solicitar la acreditación, acceder a despachos o zonas de reunión o grabar imágenes y audio sin autorización. Se considerarán, además, infracciones muy graves “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, así como cualquier comportamiento que “perjudique gravemente la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación”.
Estos agitadores, acreditados como profesionales de los medios de comunicación, se dedican a provocar a políticos considerados de izquierda con preguntas agresivas y, en ocasiones, trufadas de bulos con la intención de generar contenido para sus redes sociales. Lo hacen a menudo interrumpiendo a otros profesionales, saltándose los turnos asignados y perturbando la dinámica en las ruedas de prensa. La reforma del Reglamento aborda esta nueva realidad, recogiendo que los grupos parlamentarios puedan “designar a una persona que coordine sus ruedas de prensa”. Según la propuesta, interrumpir el orden establecido en las ruedas será una infracción grave, sancionada con la suspensión de la credencial entre 10 días y tres meses.
Las sanciones, como recoge la proposición, “se adecuarán a la gravedad de la conducta y a la forma en la que la misma hubiera afectado al funcionamiento de la Cámara”. Se contemplan apercibimientos y suspensión de la acreditación durante 10 días, si la infracción es leve, hasta tres meses, si es grave, y hasta cinco años si es muy grave. También se contempla la revocación definitiva de la credencial. La sanción se impone al periodista que haya cometido la infracción, pero si es grave o muy grave, el medio de comunicación no podrá acreditar a otra persona en su lugar. La norma recoge, además, la posibilidad de que los medios de comunicación publiquen información que refleje alguna infracción, como un audio o vídeo grabado sin autorización, de forma anónima, es decir, sin incluir al autor. En ese caso, se suspenderán todas las acreditaciones vinculadas a ese medio.
La reforma propone la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que será el encargado de estudiar las infracciones y proponer sanciones a través de informes, aunque será la Mesa de la Cámara la que tramitará y resolverá el procedimiento. Ese nuevo organismo estará formado por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y contará, además, con la presencia de entidades representativas de los colectivos profesionales.

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