La Abogacía del Estado acusa al Supremo de “construir una tesis equivocada” para “atribuir un delito” al fiscal general
Los servicios jurídicos del Gobierno piden el archivo para la fiscal provincial de Madrid y acusan al juez instructor de “sesgo” en la investigación
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / Daniel González (EFE)
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez, Ángel Hurtado, que consideró que había indicios suficientes para continuar con la investigación abierta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez. Ambos están encausados por un presunto delito de revelación de secretos cometido al difundir, presuntamente, datos fiscales del novio de Ayuso.
El escrito pide el archivo de la causa a Pilar Rodríguez porque no hay ninguna prueba de que haya cometido delito. La Fiscal Jefe de Madrid actuó por imperativo del Estatuto Fiscal que le obliga a dar cuenta de los asuntos a su superior y no tuvo tampoco "dominio del hecho" sobre la nota de prensa que desmintió el bulo fabricado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el pacto al que quería llegar Alberto González Amador para evitar ir a juicio por fraude fiscal.
El Fiscal General del Estado descarta dimitir
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El documento subraya que "la puesta en conocimiento del Fiscal General del Estado, de un proyecto o borrador de denuncia, o del contenido de un procedimiento de investigación, lejos de constituir una anomalía o una extravagancia, constituye una obligación estatutaria cuyo efectivo cumplimiento resulta imprescindible para garantizar los principios de unidad de actuación así como el adecuado y coordinado cumplimiento de la obligación estatutaria de informar a la opinión pública".
La defensa de los fiscales encausados considera que se vulnera su derecho fundamental al denegar las pruebas que solicitan. Lo que llaman "el sesgo con el que se está desarrollando la instrucción" que "rompe el principio de un proceso equitativo y del respecto al derecho de la defensa. Una "tesis construida para atribuir un delito sin apenas prueba, y además, a nuestro juicio, equivocada", llegando incluso a excluir la prueba testifical de González Amador, cuando de las declaraciones evacuadas por otros testigos se acredita que difundió previamente el contenido de los correos electrónicos a personas ajenas a su defensa y que estas procedieron a su previa difusión".
El novio de Ayuso reveló sus secretos
La Abogacía del Estado insiste en que el propio comisionista "se ha colocado de manera deliberada en una situación de conocimiento público y de renuncia expresa a la reserva o no difusión de sus datos, toda vez que remitió el correo a un alto cargo de la Comunidad de Madrid que posteriormente difundió a través de mensajería instantánea a una pluralidad de periodistas, pero también dado que reveló por sí o por terceros que existía una negociación, datos e información que después pretende que sean tutelados".
No puede haber un delito de revelación de secretos cuando el contenido secreto es de dominio público, como ocurre en este caso. Esa es, recuerdan, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha servido, por ejemplo, para archivar la querella que Alberto González Amador interpuso contra la vicepresidenta y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los servicios jurídicos del Gobierno señalan que "las negociaciones de la conformidad que requieren confidencialidad, fueron desveladas por el entorno del querellante.
La Fiscalía salió al paso de un bulo, o la imputación de un delito, quizás, al decir que si no fructificaban las negociaciones era por culpa del Fiscal General del Estado. El propio querellante ya había desvelado que negociaba una conformidad. Y no se puede negociar conformidad alguna sin reconocer la comisión de los delitos investigados"
El correo de la confesión
La Abogacía del Estado incluye además en su escrito un informe pericial que acredita que la defensa del novio de Ayuso también les envió a ellos la confesión de sus delitos fiscales y de falsedad documental con el objetivo de evitar el juicio y cerrar la causa. Un documento que corrobora lo queya declaró el fiscal que estuvo encargado del caso, Juan Salto.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
