El Gobierno impone su criterio de buscar un sistema estable de traslados de los menores migrantes que llegan a Canarias
Las negociaciones se han desarrollado en varios frentes en los últimos dos años
Menores migrantes a su llegada al muelle de La Restinga en El Hierro este mes de diciembre. / Gelmert Finol (EFE)
Desde finales del año 2023 se lleva negociando intensamente buscar una salida para la saturación de los centros de acogida y acabar con la voluntariedad puntual del resto de comunidades para ayudar a las regiones del sur que reciben menores migrantes. El Gobierno ha cerrado un acuerdo para aprobar este martes la reubicación de los menores migrantes que llegan a Canarias. De momento se beneficiarán de este cambio de la norma Canarias, Ceuta y Melilla, pero los flujos migratorios cambiantes pueden hacer que esto se traslade en otro momento a Andalucía, o a la comunidad de Baleares que vive un aumento de llegadas en los últimos meses.
El camino para llegar a la fórmula que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros y pasará ahora al trámite parlamentario, comenzó con una ronda con los grupos políticos a inicios del año pasado para la reforma de la ley.
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En paralelo, en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Infancia las regiones del PP siempre se oponían a ampliar sus escasas plazas de acogida voluntaria y finalmente fue el 23 de julio del año pasado cuando el PP, Junts y Vox tumbaron la toma en consideración de la reforma de la ley.
Después en septiembre, el líder del PP llegó a firmar con el presidente canario lo que llamaron “un plan de acción contra el descontrol migratorio “, con el argumentario de la ultraderecha sobre inmigración. Ahí se llegó a pensar que el PP se abría a apoyar la reforma de la ley pero de nuevo dejaron solo a Fernando Clavijo que, en su desesperación para presionar al Estado, llegó a poner en marcha un protocolo de acogida en Canarias que el Tribunal Constitucional tumbó porque las competencias de acogida de menores vulnerables es de las comunidades autónomas.
A partir de ahí, Clavijo siguió buscando salidas y la encontró con el apoyo del gobierno vasco. El Gobierno estatal se mostró dispuesto a apoyar a Canarias, que proponía poner en marcha una fórmula de reparto puntual de unos 4.000 chicos y chicas, fórmula apoyada por los vascos.
Finalmente, el Gobierno ha conseguido imponer su criterio que siempre ha sido buscar un sistema estable y apostar por la reforma de la ley de extranjería.
Si Junts hubiera aprobado la admisión a trámite de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería en julio del año pasado cuando el Gobierno la llevó al Congreso ya se habían trasladado a la mayoría de los niños.
El texto que propuso en su momento el Gobierno para la reforma de la ley, que será casi calcado al que se lleva este martes al Consejo de Ministros fijaba una redistribución de los menores cuando se supere el 150% de las plazas de acogida des Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras regiones de la Península.
Los criterios aprobados para esa distribución van desde la población y las condiciones económicas de cada región y también el llamado esfuerzo previo. Es decir, que aquellas comunidades como Cataluña o Euskadi que tienen ya muchas plazas de acogida fueran tenidas en cuenta para ponderar ese reparto.
Todo esto con la financiación del Estado que hace poco refrendada la vicepresidenta Montero ante el presidente canario, Fernando Clavijo.
Tanto el Gobierno estatal como el canario buscaron durante mucho tiempo el apoyo del PP para desbloquear el acuerdo. Tanto el ministro encargado de la comisión intersectorial de inmigración, Ángel Víctor Torres, la ministra de infancia Sira Rego y el presidente canario han mantenido innumerables reuniones, las tuvieron también con el PP, contando con el apoyo del presidente de Ceuta.
En cambio, los de Génova siempre les cerraron las puertas al acuerdo a pesar de que el propio PP está dentro del gobierno de Canarias, la región más afectada.
Amnistía Internacional denuncia el fracaso del sistema para proteger a los menores que llegan a Canarias
En un informe basado en testimonios de niños y niñas, trabajadores sociales de los propios centros y otras fuentes, Amnistía Internacional ha publicado un informe que constata casos de denuncias de castigos excesivos, violencia o de retrasos en la gestión de los permisos de residencia que hacen que muchos de esos jóvenes lleguen a la mayoría de edad sin estar documentados.
La ONG denuncia la falta de formación de muchos de los trabajadores que se encargan de estos niños, se han encontrado a muchos “porteros de discoteca” al frente de muchos de los más de 80 centros que hay en Canarias.
Amnistía Internacional afirma que son unos 4.500 los menores que hay pero que el descontrol tanto del gobierno de Canarias como del Estado como de la Fiscalía de Menores se hace difícil saber cuántos son exactamente y que en todo caso se están vulnerando sus derechos por el descontrol del sistema. Pedían por ello una redistribución por toda España que podría tener una vía con la reforma de la ley de extranjería que se prevé anunciar hoy, aunque el calendario parlamentario alargará mucho los primeros traslados.
