La cabeza de Salomé

Barcelona

Primera persona afectada directamente por la investigación judicial sobre la Dana valenciana. Es Salomé Pradas, que ha sido imputada hoy por la juez del caso. Ella fue la consejera de interior responsable de las emergencias. Su jefe, el presidente Carlos Mazón, sirvió su cabeza en bandeja a la indignación popular, a ver si así lograba detener la marea de la protesta.

Pradas va a ser investigada como “máxima autoridad” responsable de ordenar las medidas de autoprotección de la población, lo que hizo tarde y mal, ocasionándose así muchas muertes. Y por tanto, en principio queda excluido su jefe, el presidente Carlos Mazón, porque aunque es quien la nombró y quien mantuvo la confianza en ella durante cuatro largas semanas, no era el titular jurídico de la competencia para alertar a la población: sino su subordinada.

Ahora bien, una cosa es la responsabilidad penal, que queda limitada presuntamente a la consejera. Y otra la responsabilidad política del presidente. Quienes reclaman su dimisión podrán argumentar que estos días está asistiendo a todas las reuniones necesarias sobre tormentas de menor gravedad que la Dana. Y les apoya el auto judicial, porque rompe su relato… y el de su superior Alberto Núñez Feijóo.

Contra lo que ambos han sostenido, la jueza recuerda que la Agencia de Meteorología dependiente del Gobierno central avisó en tiempo y forma: la Dana “no fue imprevista”, dice exactamente. Contra las acusaciones que han formulado, la juez ha excluido de toda imputación a los directivos de la Confederación Hidrológica del Júcar, también dependientes del Gobierno central.

Mentir tanto no constituye delito, pero está feo. Y más si quienes lo hacen disfrutan de sueldos pagados por los contribuyentes.

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