La mujer que luchó contra la corrupción en Guatemala
La fiscal guatemalteca Virginia Laparra se enfrentó a los corruptos de su país y acabó en el exilio tras pasar por la cárcel. A través de su voz, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos homenajear a las mujeres luchadoras que están impulsando cambios sociales
8M: La fiscal que acabó en el exilio
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2024 fue un mal año para la mujer en el mundo. Sus derechos han sufrido retrocesos en uno de cada cuatro países, lo que Naciones Unidas relaciona con el aumento de los conflictos y la polarización política. Algunos ejemplos de la desigualdad todavía vigente son que el 70% de las personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres. También engrosan ellas el 80% de las personas desplazadas por desastres y cambios relacionados con el clima en todo el mundo. Y en los últimos 30 años, unos 650 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad han sufrido violencia sexual durante la infancia.
En este contexto conocemos la lucha de Virginia Laparra, la fiscal que se convirtió en el azote de la corrupción de Guatemala y ha terminado en el exilio después de pasar por la cárcel, donde “le robaron 680 días de su vida” y conoció la solidaridad de quienes, sin conocerla, le escribían y la apoyaban, recuerda. Su caso ha trascendido a nivel global y es presa de conciencia de Amnistía Internacional.
Los ataques “iniciaron con una persecución mediática, en redes sociales, programas televisivos, programas radiales, donde lo que hacían era insultar y satanizar la labor anticorrupción que nosotros realizábamos”, relata. Luego llegaron las persecuciones internas a quienes, como ella, formaban parte del organismo judicial, con “denuncias administrativas por hechos que no eran dignos de ser nombrados una falta administrativa”.
Al no lograr que abandonaran, empezaron con las denuncias penales. En su caso, le denunciaron por denunciar administrativamente actos de corrupción de un juez, una filtración de información confidencial de un caso de corrupción que incluía a muchos altos funcionarios de influencia económica y estatal, según relata, y por solicitar la suspensión de una audiencia, lo que, explica, es una acción propia de una labor fiscal o de cualquier abogado.
Laparra es solo una de las decenas de juristas que han tenido que salir de Guatemala acosados por su trabajo contra la corrupción. “Es una persecución”, denuncia, “es una forma moderna de genocidio, porque nos han perseguido, no solo a los abogados, sino a todo aquel que en Guatemala se haya presentado en un evento público o privado para manifestarse o para posicionarse verbal o físicamente en contra de la corrupción”.
La jurista calcula que el 98% de sus compañeros, quienes formaban parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, están en el exilio. Y eso incluye también a los periodistas que cubrían los casos, para los que la censura ha sido total.
Fue en 2017 cuando comienza su particular odisea. Laparra lideraba la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala y denunció a un juez por la fuga de información confidencial sobre las investigaciones que estaban llevando a cabo su Fiscalía contra un entramado formado por distintas entidades y altos cargos nacionales, desde jueces a ministros, alcaldes y concejales. Esa denuncia se volvió en su contra. El magistrado argumentó que era ilegal y emprendió acciones contra la fiscal, que fue juzgada y encarcelada en 2022.
Dos años después recuperaba su libertad. Sin embargo, la apertura de un nuevo expediente y una nueva condena contra ella por la que podría haber acabado de nuevo en la cárcel, la llevó a optar por el exilio desde comienzos del año pasado. “No es un proyecto fácil”, lamenta, “es una salida obligada en la que al final del día, no puedes llamar a ese lugar tan anhelado llamado casa”. Pero lo que fue especialmente doloroso para ella fue que la Justicia, que hasta entonces había ocupado toda su vida, “se volviera un arma letal” dirigida en su contra.
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Una persecución similar han sufrido periodistas, fiscales, jueces o magistrados, cuenta Laparra, y esto se ha ampliado a otros sectores, como los estudiantes y profesores de la Universidad Estatal San Carlos de Guatemala, o como defensores de derechos humanos. En la cúspide de esa persecución están el propio presidente y vicepresidente de la República de Guatemala, que en 2015 se vieron obligados a renunciar a sus puestos por corrupción. Pero también “jueces, magistrados, personas incluso en la Corte de Constitucionalidad, diputados, alcaldes, concejales…”, enumera la fiscal. “La corrupción ha tocado todos los organismos del Estado y distintas entidades públicas”.
La propia fiscal general “lidera esa persecución sin tregua”, subraya Laparra. Elegida titular de la acción penal, María Consuelo Porras se ha puesto “al servicio de la corrupción, y eso es tan triste como lamentable. Y para mí, que soy mujer, no deja de ser hasta vergonzoso”, asegura. Por eso espera un crucial papel del presidente, con una posición tan importante que incluso le pone en peligro, reconoce.
El ataque mediático que empezó hace ocho años, lejos de cesar, ha empeorado. Como mujer y como expatriada, la jurista se siente “parte de un grupo vulnerable”, e impactada por la experiencia del desarraigo. “Buscar un pedacito de tierra u otro lugar desconocido para uno al cual en algún momento dado poder volver a llamar casa es bien difícil”, explica, sin perder la esperanza de que algún día Guatemala logre “recomponerse y buscar la luz que tanto nos hace falta”.
