Competencia podrá multar con hasta 750.000 euros a los medios que no especifiquen cómo se financian
Es una de las novedades de la ley para la mejora de la gobernanza democrática que está ultimando el Gobierno
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada / Rodrigo Jiménez (EFE)
Madrid
La nueva ley para la mejora de la gobernanza democrática considera “infracción grave” no detallar en el nuevo Registro estatal de medios de comunicación quiénes son los accionistas de un medio o no especificar qué cuantía de dinero público recibe un medio de comunicación. Unas faltas que podrán derivar en una multa de hasta 750.000 euros en el caso de las televisiones o de 200.000 euros en el resto de medios, tanto radios como prensa, según ha podido saber la Cadena Ser.
Será la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la encargada de velar por el registro de medios de comunicación y de supervisar el cumplimiento de las normas de transparencia que derivan de una directiva europea. Cuando entre en vigor la ley, que está en fase de tramitación por parte del Ministerio de Transformación Digital, todos los medios de ámbito estatal tendrán que inscribirse y mantener actualizada la información sobre su estructura de propiedad y también sobre los ingresos que reciben de la publicidad institucional.
La creación de este registro de medios de comunicación es una de las medidas del Plan de Acción por la Democracia que presentó el Gobierno en verano y supone la transposición del Reglamento Europeo sobre Libertad de los medios de Comunicación que aprobó el Parlamento Europeo.
El texto del anteproyecto de ley, que va a ser sometido a información pública, alerta de que “el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de medios de comunicación se ve puesto en peligro por prestadores (…) que practican de forma sistemática la desinformación, o la manipulación de información y la injerencia, y utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos”.
La nueva reglamentación también obliga a los medios a “adoptar medidas para garantizar la toma independiente de sus decisiones editoriales, y la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El incumplimiento de este punto es considerado una infracción leve, por lo que sus autores se podrían enfrentar a multas de hasta 150.000 euros.
Jordi Fàbrega
Periodista en la Cadena Ser desde 2003. Primero en Barcelona y desde hace más de una década en Madrid...
