PSOE y Junts acuerdan que los Mossos compartan el control de fronteras con la Policía y la Guardia Civil y la cesión de la gestión de los CIE a la Generalitat
El acuerdo para delegar a la Generalitat catalana las competencias en materia de inmigración otorga a la policía autonómica presencia en los puestos fronterizos, aunque tendrán que trabajar en “cooperación y colaboración” con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Agentes de los Mossos y de la Policía, en una imagen de archivo. / NurPhoto
Madrid
PSOE y Junts han registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley Orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración. Un pacto que permite al Gobierno cumplir con uno de los compromisos que tenía pendientes con la formación de Carles Puigdemont y que en la práctica da a las instituciones catalanas "una posición determinante en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración". El texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER reconoce que, a partir de la aprobación de esa norma, el Govern podrá desarrollar un "modelo propio y una política integral" en esta materia.
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En concreto, el acuerdo, cuyos últimos detalles se cerraron en la tarde de ayer, contempla doce puntos que modifican desde la gestión de los permisos de residencia, las devoluciones de extranjeros, las políticas de integración social, laboral y lingüística, o la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos. Para ello, el PSOE se compromete a aumentar en 1.800 efectivos la plantilla de Mossos d'Esquadra, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes. En el documento enviado a los medios no se establece un horizonte temporal para cumplir con ese incremento.
Los Mossos, presentes en el control de fronteras
El acuerdo recoge una de las peticiones de Junts: que los Mossos d’Esquadra tengan presencia en los puestos fronterizos que se encuentran dentro de Cataluña. Tendrán la capacidad de actuar para cumplir con las competencias que marca la nueva Ley, aunque lo harán siempre “en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, es decir Policía Nacional y Guardia Civil. No habrá un control único por parte de los agentes autonómicos como reclamaba el partido de Puigdemont, algo que La Moncloa rechazaba desde un principio por no tener encaje constitucional.
En concreto, además de asumir la seguridad de los puertos, aeropuertos y otras zonas críticas, la administración catalana tendrá capacidad para gestionar las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada a nuestro país. La Generalitat resolverá y ejecutará las expulsiones que no requieran de la elaboración de expedientes, es decir, de aquellos casos en los que el regreso al lugar de origen se determine de forma automática.
Las expulsiones que sí requieran de expediente se resolverán y ejecutarán como hasta ahora, pero a partir de la propuesta formulada por la Generalitat “previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña”.
El ejecutivo autonómico también gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros. En la actualidad, en Cataluña solo existe uno de estos lugares de retención de inmigrantes que se sitúa en la conocida como Zona Franca de la capital catalana.
Concesión de permisos y documentación
El acuerdo prevé además que Cataluña se configure como “ventanilla única” en su territorio para conceder las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal o residencia de larga duración. Una tarea que ahora asumen las oficinas de extranjería dependientes del gobierno central. El Govern expedirá además los documentos de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
En Contrataciones en Origen, Cataluña es quien determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras. El pacto también recoge que en materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas y que serán los Mossos d'Esquadra quienes ejercerán la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos.
Las competencias en inmigración, exclusivas del Estado según la Constitución, se delegarán a la Generalitat recurriendo al artículo 150.2 de la Carta Magna. La delegación, a diferencia de la transferencia, implica que el Estado otorga a la comunidad autónoma la responsabilidad de gestionar ciertas cuestiones, pero mantiene su control y supervisión sobre ellas y seguirá teniendo la última palabra, pudiendo incluso recuperar esas competencias en caso de considerarlo necesario.
