El fiscal general señala que dimitir sería "una concesión a los delincuentes" y denuncia un "señalamiento público"
Álvaro García Ortiz ha comparecido en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde estaba citado esta jornada para dar cuenta de su gestión
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aseguró este martes en el Senado que su institución "ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley". Además, se ha quejado de estar sufriendo un "señalamiento público" y afirmó que dimitir sería una "concesión a los delincuentes" por estar siendo investigado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
García Ortiz hizo esta consideración en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde estaba citado esta jornada para dar cuenta de su gestión. Esta comparecencia se produce en un momento en el que el fiscal general está siendo investigado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos tras filtrarse un correo de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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En su intervención inicial y antes de las preguntas de los senadores, el compareciente salió en defensa del conjunto de su institución. "Quiero reivindicar", afirmó, "la defensa de una institución, el Ministerio Fiscal, integrada por 2.795 fiscales que diariamente prestan un servicio público técnico, profesional, de calidad, en aras de promover la acción de la Justicia y procurar la satisfacción del interés social".
"La ciudadanía debe conocer que el Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley", afirmó. También señaló que, frente a los "discursos" que pretenden "socavar nuestras instituciones, nuestros principios y valores democráticos, en definitiva, nuestra propia convivencia", la realidad es que "el sistema resiste, que nuestro Estado social y democrático de derecho resiste".
Más tarde, el responsable del Ministerio Público dijo que, a la hora de hablar de la causa que tiene abierta, su libertad de expresión estaba "bastante limitada", ya que no podía comentar "procesos pendientes" y más uno que le afecta personalmente. No obstante, se quejó de estar sufriendo un "señalamiento público" fruto de un "relato alternativo de culpabilidad", que sostuvo que tiene que ver con que se cuestione su inocencia por haber borrado los mensajes de su móvil.
Defiende el borrado del teléfono
En este sentido, ha añadido que es cierto que efectuó este borrado, pero apuntó que lo hizo porque la normativa europea establece que no se deben conservar "datos ajenos" en el dispositivo "más que el tiempo estrictamente necesario".
"No debemos mantener los datos ajenos cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados", afirmó, al tiempo que se quejó de que esta actuación de "sentido común" sea vista por algunos como una "evidencia de culpabilidad". Afirmó que esto supone invertir las "normas básicas del Estado de derecho", ya que respecto a él se está trasladando a la opinión pública "un relato alternativo de culpabilidad, un señalamiento público".
Añadió que borra "regularmente" los datos de su móvil y que lo hizo en las fechas que dice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, pero también realizó esta acción "con anterioridad".
En cuanto a por qué no dimite pese a estar siendo investigado por el Supremo, apuntó que si lo hiciera "estaría haciendo una concesión a los delincuentes". Sostuvo que esto podría colocar a la Fiscalía "en una situación de debilidad" y perjudicaría a quien sea su sucesor. Defendió que las "redes criminales", los narcotraficantes o los yihadistas no pueden ver un "ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito".
El PP pide su dimisión "por salud democrática"
Por su parte, el PP acusó este martes al fiscal general del Estado de actuar como un "delincuente" y tener un comportamiento "impropio" de la institución que dirige, en referencia a su presunta participación en los hechos que han llevado al Tribunal Supremo a encausarle por revelación de secretos. Así lo aseguró la senadora María José Pardo en la Comisión de Justicia del Senado.
Así, Pardo ha señalado que la investigación del Supremo al fiscal general "le inhabilita para mantenerse en su cargo por el absoluto abandono de las más elementales funciones de la institución que representa".
La representante del PP recordó que García Ortiz es "el primer fiscal general de la historia de la democracia de España imputado" y que lo está "por presuntamente filtrar los datos privados de un ciudadano particular y no por desmentir un bulo".
Destacó que el actual responsable del Ministerio Público ha sido considerado "inidóneo" por el Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que criticó su respuesta ante este informe con "un ataque furibundo al Poder Judicial". En su intervención, la senadora popular también aludió a las dos sentencias del Supremo, del 21 de noviembre de 2023 y 22 de enero de 2024, que imputaron "una desviación de poder" al fiscal general en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala.
La representante del PP insistió en que "por salud democrática es un imperativo su dimisión", recordando que "ya un tercio de la cúpula fiscal se lo pide", y acusó a García Ortiz de estar "dinamitando la institución". También le acusó de estar actuando como "el fiscal general de Pedro Sánchez". "Si usted tuviese la más mínima dignidad y un mínimo respeto a la institución que representa, si es que esta es la Fiscalía y no la presidencia del Gobierno, habría dimitido hace ya mucho tiempo", sentenció Pardo.
