La Justicia cita a declarar a Luis Martínez de Irujo, nieto de la duquesa de Alba, por la causa de extracciones ilegales de agua en el entorno de Doñana
Esta citación judicial se produce tras un informe pericial que, según indica el mismo auto, concreta e individualiza posibles "daños sustanciales" al medioambiente en extracciones "ilegales" de agua a un acuífero y su entorno natural asociado
Luis Martínez de Irujo en una imagen en 2024 / Europa Press News
Sevilla
Un juzgado de Sevilla ha citado a declarar como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, en el marco de la instrucción abierta por supuestas extracciones de agua no autorizadas en la finca Aljobar de Aznalcázar, con un "impacto colateral" en el entorno de Doñana.
La declaración de Martínez de Irujo, como representante legal de la sociedad Eurotécnica Agraria, ha sido señalada para este próximo 20 de febrero, a las 10:30 horas, según recoge un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor.
Esta citación judicial se produce tras un informe pericial que, según indica el mismo auto, concreta e individualiza posibles "daños sustanciales" al medioambiente en extracciones "ilegales" de agua a un acuífero y su entorno natural asociado.
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Tras la recepción de un informe pericial anunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente, el juez ha decidido continuar la instrucción con la declaración de ese investigado como representante legal de la sociedad explotadora de la finca, e impone nuevamente medidas cautelares.
En concreto, el magistrado acuerda el precinto de ocho pozos "no autorizados" por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir detectados en la finca Aljobar, ubicada en el término municipal de Aznalcázar, y la retirada de las bombas y demás equipos instalados para la extracción de aguas de la cuenca.
Incluso autoriza el "uso proporcionado de la fuerza", si fuera necesario para ello, y apercibe a la parte investigada de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial si quebranta el precinto o continúa con el uso de esos pozos no autorizados.
Ocho pozos no autorizados
El juzgado explica en su auto que los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medioambiente, y señala la existencia de ocho pozos no autorizados, precintados "en fechas recientes" por la autoridad administrativa y que habrían vuelto a ser usados "sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos".
El informe técnico de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil estima los metros cúbicos que habrían sido extraídos por medio de esos pozos no autorizados teniendo en cuenta un periodo de tiempo desde 2014 a 2024, la cantidad de metros cúbicos necesarios para el cultivo de la superficie y el volumen sí autorizado por la Confederación para el riego.
"Se está ante un acuífero (...) conectado hidráulicamente con el acuífero Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de reserva ecológica tan importante que constituye ese Parque Natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible", indica el auto, contra el que cabe recurso de reforma o apelación.
Considera por tanto que existen indicios de "daño sustancial" al medioambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con "impacto colateral" en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna, según el reciente auto sobre esta causa, en la que está personado Ecologistas en Acción.
