El Supremo avala el nombramiento de Álvaro García como fiscal general del Estado
La sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza por unanimidad el recurso de la asociación minoritaria de fiscales que también acusa al jefe del Ministerio Público por la filtración del correo del novio de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz / Europa Press News
Madrid
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso de APIF, la Asociación Independiente de Fiscales minoritaria dentro de la carrera fiscal, contra la decisión del Gobierno en diciembre de 2023 de prorrogar el mandato de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. "Las causas legales de cese, previstas en el estatuto orgánico para el fiscal general del Estado, no pueden fundar la nulidad del nombramiento", argumenta la sala.
APIF es también acusación popular en la causa abierta contra García Ortiz y dos de sus colaboradores por un presunto delito de revelación de secretos. Fuentes jurídicas subrayan que dada la trascendencia de la decisión, los magistrados habían adelantado mucho trabajo con el objetivo de no demorar la decisión.
La asociación consideraba que el Gobierno incurrió en "manifiesta arbitrariedad" cuando designó a García Ortiz para el cargo. En sus alegaciones no se centraba en si cumple o no los requisitos para ser Fiscal General, sino que revisa su gestión y considera que hay hitos que no le hacen merecedor del cargo.
La sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala por "desviación de poder", la posición que sostuvo en la aplicación de la ley del sólo sí es sí o el acuerdo del anterior Consejo General del Poder Judicial que consideró que no era idóneo para el cargo son algunos de esos hitos.
Más información
El órgano de gobierno de los jueces que estaba en funciones reconoció que cumplía con los requisitos que exige la ley. Sin embargo, ocho vocales frente a siete entendieron que esa condena del alto tribunal y su decisión de no posicionarse frente a la aplicación de la ley de amnistía y las acusaciones de lawfare le invalidaban para el cargo. Frente a estos argumentos, la defensa del Fiscal General alegaba que la demanda se basaba en hipótesis y que APIF buscaba "sustraer" al Consejo de Ministros de su función de designar al jefe del Ministerio Público.
Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
