El fiscal general del Estado afronta una semana clave en el Tribunal Supremo

Madrid

El fiscal general del Estado afronta una semana decisiva en el Tribunal Supremo. Este miércoles tiene que declarar en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos cometido al desmentir el bulo que fabricó el entorno de Isabel Díaz Ayuso para proteger a su novio. El juez Ángel Hurtado sostiene que se han "apuntalado" los indicios contra Álvaro García Ortiz a la luz de los informes que la UCO ha aportado a la causa.

La Guardia Civil no ha abierto otras líneas de investigación, a pesar de que hasta seis testigos han reconocido que el correo con la confesión de Alberto González Amador estaba circulando mucho antes de que lo recibiera el fiscal general. El juez tampoco ha atendido la petición de las defensas que han reclamado el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, después de que tres testigos hayan desmentido su declaración en la que afirmó que no filtró el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso hasta que no lo vio publicado en El Mundo. Lo estaba haciendo al menos desde casi tres horas antes.

La UCO se ha centrado en la tesis que defienden las acusaciones de que la filtración tuvo que salir de la Fiscalía en el marco de la estrategia que pusieron en marcha para hacer una nota de prensa que desmintiera el bulo. Para ello se apoyan en la "frenética dinámica" de intercambio de mensajes entre los implicados cuando se publicó el bulo. Los agentes otorgan un "papel preeminente" a Álvaro García Ortiz en esta estrategia. Si el recurso que ha interpuesto su derensa no lo impide, este miércoles se producirá una foto histórica. El fiscal general del Estado tendrá que declarar en el Tribunal Supremo como investigado.

El nombramiento del fiscal general, en el aire

Un día antes será el turno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Un tribunal integrado por cuatro magistrados conservadores y uno progresista estudia el recurso de la asociación minoritaria de fiscales -que también es acusación popular contra el jefe de la Fiscalía en la causa de la presunta filtración- contra la prórroga del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en diciembre de 2022.