El Gobierno evita aclarar el futuro de las medidas derogadas para evidenciar los efectos del voto de PP y Junts
Varios grupos parlamentarios piden la aprobación de nuevos decretos para recuperar la subida de las pensiones o los descuentos al transporte tumbados por el voto en contra de Junts, PP y Vox. Por ahora, la Moncloa no aclara sus planes y pone el foco sobre la responsabilidad de la decisión del partido de Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / Europa Press
Madrid
El Gobierno no se dará prisa en corregir las consecuencias prácticas que ya está teniendo la derogación del megadecreto que este miércoles se votó en el Congreso de los Diputados, y que tumbaron PP, Junts y Vox. Feijóo y Puigdemont optaron por evidenciar la debilidad parlamentaria de Sánchez y el presidente del Gobierno opta ahora evidenciar que esa estrategia política perjudica al conjunto de la ciudadanía.
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La Moncloa descarta convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar de nuevo algunas de esas medidas como la subida de las pensiones o los descuentos al transporte. El Ejecutivo, que en otras ocasiones ha prometido rápidamente que buscaría la fórmula para enmendar el revolcón parlamentario -ocurrió, por ejemplo, cuando el PP logró derogar en diciembre el impuesto a las energéticas-, ha elegido una estrategia diferente esta vez.
La orden es no precipitarse. Primero porque el decreto tumbado en el Congreso es uno de los de mayor envergadura, 140 páginas con medidas distintas que ahora hay que mirar con detalle para ver de qué forma se pueden recuperar. Pero además, políticamente, el Ejecutivo cree que hay que trasladar la idea de que la estrategia de algunos grupos parlamentarios, de intentar desgastar al Gobierno tumbando medidas a las que podrían votar a favor.
Los socialistas han desplegado una campaña para explicar por todo el país el efecto que el "tacticismo político" de esos grupos va a tener para sus bolsillos. Hay que demostrar, dicen en Ferraz, que "el no a todo, perpetrado por el PP" y su apuesta por el bloqueo, tiene consecuencias graves para los ciudadanos. La orden es reiterar en cada una de las circunscripciones que el rechazo de la Cámara al decreto ley va a provocar que 12 millones de pensionistas, 20 millones de usuarios de transporte público, más de 2 millones de trabajadores o de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital van a ingresar menos o a gastar más.
Equilibrios para asentar el relato
Pero en la Moncloa son conscientes de que este movimiento es muy sensible y por eso hacen equilibrios para asentar ese relato al mismo tiempo que apuntan a que el Gobierno está trabajando ya para poner una solución. En su entrevista en Hora 25, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, evitó responder en dos ocasiones a la pregunta concreta de si se aprobará un nuevo decreto con la actualización de las pensiones, pero dejando la puerta abierta a esa posibilidad: “El PP ha dejado tirados a los pensionistas. Nosotros nos vamos a dejar la piel para que no paguen justos por pecadores”.
Elma Saiz: "El Gobierno se va a dejar la piel para que no paguen justos por pecadores”
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En Ferraz están convencidos de que Feijóo no ha calculado bien las consecuencias de la decisión. Creen que el PP se ha metido en un laberinto del que les será difícil salir y que a la ciudadanía le constará entender que hoy pidan al Gobierno que apruebe un nuevo decreto que contiene algo en que rechazaron ayer. Tanto los populares como Puigdemont aseguran que si el Ejecutivo llevase un texto solo con esa medida, no mezclada con otras tantas, ellos darían su voto a favor. Los socialistas creen que esto es solo una excusa para no reconocer que con su posicionamiento ambos partidos solo buscaban provocar un castigo al Gobierno.
La difícil relación con Junts
En lo estrictamente político, lo que tampoco está claro es cómo el PSOE va a intentar recomponer la relación con Junts. El Gobierno intenta rebajar trascendencia al paso que han dado los de Puigdemont. Los independentistas sentaron este miércoles un nuevo precedente en su ya endiablada relación con el PSOE. Nunca habían unido sus votos a los de la derecha para tumbar un decreto ley del Ejecutivo.
Hasta ahora habían apoyado iniciativas del PP o votado en contra de propuestas del grupo parlamentario socialista, pero lo de ayer supone un salto en la estrategia de los de Puigdemont, que han esperado a una iniciativa de una envergadura política importante para provocar este revolcón parlamentario al Ejecutivo.
En la Moncloa reconocen que la cuerda de la relación con Junts está un poco más tensa, pero no tanto como para que se rompa. Insisten en que la legislatura sigue adelante y que la votación del miércoles "no cambia gran cosa". Recuerdan que la debilidad parlamentaria no es nueva. Lo cierto es que nadie en el PSOE es capaz de avanzar cómo se puede reconducir una situación que tiene una difícil salida. Junts presiona, convencido de que Sánchez no irá a elecciones y en la Moncloa no ceden, convencidos de que Puigdemont no apoyará una moción de censura con PP y Vox.
