La justicia investiga al gobierno de Ayuso por no pagar a un empresario 4,5 millones de euros en mascarillas procedentes de China

Madrid

La justicia madrileña investiga si el gobierno de Isabel Díaz Ayuso dejó en la estacada a un empresario, al que ha llevado a la ruina, porque asumió un encargo millonario de mascarillas que nunca llegaron a pagarle. El gobierno de Ayuso recibió el material de protección sanitaria que encargó procedente de China, lo usó, pero nunca lo abonó, según figura en la demanda que han puesto en manos de los tribunales.

El empresario que ha llevado a la Comunidad de Madrid ante la justicia es un viejo conocido de la familia de Isabel Díaz Ayuso. El dueño de la empresa Care Quality Service (CQS) S.L, trabajó hace años con el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, en MC Infortecnica – la empresa familiar de Ayuso que debe más de 544.000 euros a Avalmadrid por el préstamo que recibió-. Este impago salpica además al exconsejero de Sanidad y senador del PP Enrique Ruiz Escudero, que se implicó personalmente en esta operación.

Según ha confirmado la SER, en un primer momento, el juzgado de lo contencioso número 1 de Madrid asumió el caso, pero se acabó inhibiendo a favor de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia Madrid, que está a la espera de dictar sentencia.

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La supuesta estafa se remonta al 23 de marzo de 2020, el mismo día en el que se inauguró el hospital temporal de IFEMA. En el peor momento de la pandemia, la Consejería de Sanidad encargó a la empresa CQS S.L presentó una oferta ante la Consejería de Sanidad tras , ofreciéndose a traer de China todo tipo de material de protección sanitaria. Solo un día después, la Consejería de Sanidad, a través de la dirección general de Procesos Integrados de la Salud -dirigida por Manuel de la Puente-, aceptó la oferta y encargó 350.000 mascarillas FFP2 –la unidad a 6,62 euros (sin IVA)- y 100.000 trajes de protección personal –cada uno a 30 euros (sin IVA)-, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso la SER.

Antes de iniciar ese pedido, los dueños de CQS reclamaron a la Consejería de Sanidad un contrato formal para tener una seguridad legal que les permitiese iniciar ese pedido. Así consta en la cadena de mails que se cruzaron aquellos días con los altos cargos de la administración sanitaria, correos electrónicos consultados por esta emisora en los que los responsables del departamento que dirigía Enrique Ruiz Escudero remitieron toda la información necesaria para activar el pedido.

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El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) accedió. El 26 de marzo, la subdirectora general de contratación del servicio Madrileño de Salud, Susana Álvarez Gómez, envió el contrato de compra firmado de su puño y letra (ver documento), junto a la retención de crédito de la Consejería de Sanidad en la que acreditaron de forma oficial que tenían el dinero asignado a una partida concreta del presupuesto para poder hacer frente al pago de ese pedido (ver documento).

La Consejería de Sanidad incluso pactó que el material sanitario que habían encargado a CQS sería “transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”, según consta en la resolución de la Consejería de Sanidad, fechada el 26 de marzo, a la que ha tenido acceso la SER.

Pero todo se torció. El primer contratiempo llegó el 4 de abril. En tiempo récord, CQS consiguió tener listo todo el material sanitario encargad por el Gobierno de Ayuso, pero cuando sus camiones llegaron al aeropuerto de Shanghai, el contratista de la Comunidad de Madrid que se encargaba de transportar ese material, “Oscar Leyva”, según relata el demandante, se negó a meter esa mercancía en las bodegas de sus aviones, alegando que “no tenía autorización”, una versión que no desmiente la Consejería de Sanidad, aunque ignora esos detalles.

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Los empresarios madrileños reclamaron, pero nadie les recibió. Llamaron a la Consejería de Sanidad, pero nadie les atendió. Enviaron un mail al entonces director de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad, Rafael Barberá pero se quitó de en medio: “Sobre la situación de esta operación debería hablar con la persona que acordó con ustedes la misma. Yo desconocía toda la documentación que me envía”, según consta en la respuesta por mail que envió el 8 de abril de aquel año.

Entre tanto la situación en los hospitales madrileños era crítica, los sanitarios denunciaban la falta de material de protección para poder trabajar con seguridad. Mientras, en China se amontonaban los palés llenos de mascarillas y de equipos de protección comprados por CQS, un material ingente que estuvo varado durante semanas. De hecho, los empresarios se vieron obligados a contratar un almacén temporal para guardar toda la mercancía que no podían enviar a España.

La situación de CQS llegó a ser tan extrema, estuvieron tan al límite, que se vieron obligados a contactar directamente con el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al que le enviaron un mail desesperado pidiendo ayuda y explicaciones. Pero nada cambió. Los empresarios, incluso, enviaron un burofax a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero nada. Solo les respondió la Secretaría de Gabinete dando acuse de recibo: “Le informamos de que hemos dado traslado de su burofax a la Consejería de Sanidad, con objeto de que se pongan en contacto con usted para esclarecer la cuestiones a las que se refiere en el mismo”.

Los abogados de CQS aconsejaron a la dirección de la empresa que, pese a que el Gobierno de Ayuso se había comprometido a realizar el transporte de la mercancía, era mejor que asumiesen ellos mismos el traslado de las mascarillas porque si no las enviaban a tiempo podrían ser acusados de entregar el material con retraso. Y así lo hicieron. Los responsables de CQS se vieron obligados a costearse el flete de cuatro aviones pagando más un millón de euros.

La mercancía aterrizó en Madrid el 30 de abril, es decir, un mes después del encargo que había hecho el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. Cuando el material llegó, de los 5 millones de euros en material sanitario, 2 millones de euros de mercancía fueron vendidos a Iberdrola y a la Fundación del Real Madrid para “poder sobrevivir y parar el golpe” porque “la Consejería de Sanidad no había pagado ni un céntimo”, aseguran desde la empresa CQS a la SER.

Los otros 3 millones de euros en material que restaban, es decir, 39.990 trajes de protección personal, 204.000 mascarillas FFP2 y 50.000 mascarillas FFP3, se llevaron ese mismo día directamente al hospital temporal de IFEMA, en concreto al pabellón 10 donde se recepcionó todo, según confirman los albaranes de entrega (ver foto) aportados a la causa judicial.

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La Consejería de Sanidad recibió esos equipos de protección, pero nunca pagó por ellos, según el relato de los denunciantes. Nunca abonaron aquella compra millonaria porque, en contra de la documentación oficial existente, en el Gobierno madrileño defendieron que aquel expediente no existía, porque no se llegó a cerrar la operación de compra. Lo rompieron en el último momento. Alegaron que no se continuó con ese encargo porque “estaban entrando otros proveedores con mejores precios y plazos de entrega”, según la versión que dieron a la empresa. Sin embargo, en aquellos meses de pandemia, la Consejería de Sanidad llegó a comprar mascarillas FFP2 a 10 euros cada una, según la documentación consultada por esta emisora, un precio muy por encima del que ofertaba este empresario. La Consejería de Sanidad no aclara esa contradicción, se limitan a decir que “las circunstancias cambiantes de la situación del mercado y del tráfico comercial hacen conveniente adquirir material sanitario a otros proveedores con capacidad para cumplir los condicionantes técnicos y temporales con extrema urgencia”, obviando que la Consejería de Sanidad tuvo, durante semanas, miles de mascarillas varadas en China.

Este periplo está ya en manos de los tribunales. CQS ha demandado a la Consejería de Sanidad por estafa. Les reclama 4.505.647,86 euros, de ellos, 2.878.480 euros por las facturas impagadas del material sanitario que se les encargó, otros 1.338.908,48 euros de indemnización por daños y perjuicios, es decir, por los gastos que asumieron sin motivo, como el transporte aéreo, el almacenaje o los aranceles, y otros 288.286,38 euros en concepto de intereses de demora.

La Cadena SER remitió el siguiente formulario con preguntas a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso.

¿Quién y por qué contactó con la empresa CQS para iniciar el proceso de compra de material sanitario procedente de China en marzo de 2020?

Todas las compras se centralizaban en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), ente de derecho público que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

La identificación de las necesidades de contratación y el contacto con los proveedores potenciales correspondía a la entonces denominada Dirección General del Proceso Integrado de Salud.

Y la tramitación de los expedientes de contratación administrativa del Servicio Madrileño de Salud corresponde a la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia.

Se estableció contacto con CQS, como proveedor de material sanitario, para solicitarle una oferta de equipos de protección para la lucha contra el Covid-19.

¿Quién y por qué decidió que no se continuaba con la compra de material sanitario que se había encargado de forma oficial a la empresa CQS?

El SERMAS decide no continuar con ese encargo porque estaban entrando otros proveedores con mejores precios y plazos de entrega.

Las circunstancias cambiantes de la situación del mercado y del tráfico comercial hacen conveniente adquirir material sanitario a otros proveedores con capacidad para cumplir los condicionantes técnicos y temporales con extrema urgencia.

¿En qué momento el consejero de Sanidad supo que se había abortado la operación de compra realizada con la empresa CQS, que fue cerrada por su propio equipo de la Consejería?

Cuando el SERMAS decide no seguir adelante con la compra.

¿El consejero de Sanidad compartió o validó la decisión de no culminar el pago del material sanitario encargado oficialmente a esta empresa?

El consejero de Sanidad no participó ni en el encargo ni en la decisión de no continuar la compra.

¿Quién dio la orden a Oscar Leyva [o a su empresa] de no ejecutar el transporte de la mercancía encargada a la empresa CQS que ya estaba disponible en Shanghái?

No tenemos información al respecto.

¿Por qué el consejero de Sanidad se implicó personalmente en el conflicto que había con la empresa CQS?

Porque el empresario contactó con el consejero por la paralización del proceso de compra de su material. Se reunieron en septiembre de 2020.

¿La Comunidad de Madrid está dispuesta a pagar los 4.5 millones de euros que le reclama CQS por utilizar el material que suministraron a IFEMA y que nunca se les pagó?

Es un proceso que está judicializado.

¿En qué se gastaron los 5.2 millones de euros que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno fechado el 1 de abril?

En la compra de material.

El Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2020 lo que hizo fue autorizar el gasto correspondiente a la contratación por emergencia de diverso material sanitario de protección y de asistencia, con motivo de la situación excepcional provocada por el virus COVID 19, por un importe total de 5.260.450,80 euros.

Autorización es el acto de previsión en virtud del cual la autoridad competente acepta una propuesta para la realización del gasto, calculado de forma cierta o aproximada por exceso, reservando a tal fin el importe de la propuesta, del crédito presupuestario adecuado, habida cuenta de la finalidad y naturaleza económica del gasto.

¿El motivo del cese de Rafael Barberá tiene algo que ver con las operaciones de compraventa de material sanitario de China?

No, en ningún caso.

¿El Consejero de Sanidad está al tanto del informe que remitió Rafael Barberá al juzgado de lo contencioso número 1, a raíz de la demanda presentada por CQS? En caso afirmativo, ¿comparte lo que se dice en ese documento?

El consejero de Sanidad se reunió con el empresario demandante en septiembre de 2020.

El informe de Rafael Barberá remitido al juzgado es de mayo de 2021.

El consejero ha conocido el informe de Rafael Barberá este mes de noviembre de 2021.

El consejero de Sanidad, en el momento de reunirse con el empresario, en septiembre de 2020, le trasladó que entendía que el expediente se había tramitado desde el origen correctamente.

La participación del consejero de Sanidad se circunscribe a la fase de autorización del gasto para la adquisición de material sanitario como miembro del Consejo de Gobierno. La identificación de las necesidades de contratación y el contacto con los proveedores potenciales correspondía a la entonces denominada Dirección General del Proceso Integrado de Salud.