La Fiscalía apoya que se amplíe la investigación al novio de Ayuso por el presunto pago de comisiones a un directivo de Quirón

La Fiscalía ha impugnado el recurso del novio de Ayuso para tratar de impedir que la jueza que le investiga por fraude fiscal y falsedad documental abra una pieza separada para investigarle también por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, tal y como han reclamado las acusaciones populares de PSOE y Mas Madrid. En un escrito muy duro con Alberto González Amador, el fiscal descarta el delito de administración desleal, pero aprecia indicios sólidos de un delito de corrupción en los negocios. Dice la Fiscalía que la compra por medio millón de euros de una sociedad vinculada al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, pudo esconder el pago de una comisión ilícita. Y es que se trataba de una empresa que no tenía inmuebles, trabajadores y que solo contaba con un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y de remodelación corporal. González Amador y Camino hicieron negocios millonarios con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y esta empresa le sirvió al comisionista para ocultar sus ingresos al Fisco. A juicio del fiscal en el recurso de apelación que ha presentado el empresario «es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros». Sobre el fraude fiscal, el Ministerio Público no descarta que podamos estar ante un delito agravado. En primer lugar, porque Alberto González Amador usa empresas pantalla y testaferros para ocultar sus ingresos al Fisco y, en segundo lugar, porque no cierra la puerta a que la pareja de Ayuso pueda formar parte de una organización criminal que emitía facturas falsas para pagar menos impuestos porque la línea que separa la organización criminal de la cooperación necesaria, señala el escrito, es muy fina. La Fiscalía también rechaza que estemos ante una investigación prospectiva con fines políticos, tal y como denunciaba el novio de Ayuso. El escrito recuerda el caso de Begoña Gómez en el que la Audiencia de Madrid «nos ilustra sobre cuál es la función de la acusación popular y como el objeto de un proceso judicial puede cambiar según progresa la instrucción». Aunque en este caso, añade, hay diferencias porque «la notitia criminis no ha consistido en informaciones periodísticas más o menos contrastadas sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria en el que el recurrente no ha dado explicación alguna». La investigación de la pieza principal y de esta separada han estado paradas desde el pasado mes de octubre cuando la defensa de Alberto González Amador decidió recurrir la ampliación de la investigación. La jueza tomó la decisión de esperar al veredicto de la Audiencia de Madrid y la tramitación del recurso se ha retrasado más de dos meses. El juzgado niega que haya sido por responsabilidad suya, pero lo cierto es que se dio traslado del recurso a las partes el 5 de noviembre sin los documentos que citaba el escrito y la Fiscalía y la acusación popular los reclamaron. Según ha sabido la Cadena SER una parte de esos documentos tuvo que reclamárselos el juzgado a Alberto González Amador. Con estos trámites se perdió más de un mes. La rapidez inicial con la que González Amador quiso alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio contrasta con la lentitud que lleva ahora esta investigación frente a la que se sigue en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General por la presunta filtración de sus datos confidenciales. Una causa que de acabar en condena puede anular las pesquisas que se siguen en los juzgados de Plaza de Castilla. De hecho, algunos de los investigados ya han pedido que esta causa se suspenda definitivamente hasta que concluya la del alto tribunal.

La Fiscalía apoya que se amplíe la investigación al novio de Ayuso por el presunto pago de comisiones a un directivo de Quirón

El fiscal pide a la Audiencia de Madrid que rechace el recurso del empresario contra la decisión de sumar a los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental el de corrupción en los negocios

Pedro Jiménez

Webs de PRISA