El Gobierno asume que el veto a la cuestión de confianza de Junts complica aún más la negociación presupuestaria
Moncloa abona el terreno ante la posibilidad de que Puigdemont reacciones cerrando la puerta a negociar las cuentas de este año, que están prorrogadas desde 2023
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención el primer acto por el 50 aniversario de la muerte de Franco / JUANJO MARTIN (EFE)
El Gobierno asume que la decisión que han tomado sobre la iniciativa con la que Junts pretende pedir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza puede tener consecuencias. Los socialistas van a impedir, junto con Sumar, que la Mesa de la cámara califique la proposición no de ley. En la Moncloa no descartan que la reacción de Puigdemont, que el viernes ha convocado a la dirección del partido para decidir cómo va a afectar este veto a la relación con el Ejecutivo central, vaya en la dirección de complicar aún más el ya retorcido camino hacia la aprobación de los presupuestos.
Por eso, en el Ejecutivo empiezan a deslizar de manera insistente la idea de que no sería tan grave seguir con las cuentas que ya están prorrogadas y que llevan en vigor desde 2023. Públicamente, los ministros repiten que su intención sigue siendo sacar adelante un nuevo proyecto, pero al mismo tiempo, abonan el terreno para el escenario contario. En el equipo del presidente defienden que "no se cae el mundo" si no se logra una mayoría porque recuerdan no sería la primera vez que ocurre y ponen como ejemplo la situación de que se dio con los últimos presupuestos elaborados por el ministro del PP Cristóbal Montoro en 2018 y que incluso estuvieron en vigor durante los primeros meses del ejecutivo socialista.
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En las últimas horas, Junts ha anunciado que si el PSOE decide tumbar la proposición no de ley registrada por su grupo parlamentario en el Congreso, el viernes se tomarán decisiones que no gustarán en Ferraz. El número dos del partido de Puigdemont, Jordi Turull ha acusado a los socialistas de no cumplir los compromisos que tienen pendientes por el respaldo de sus diputados a la investidura y a los primeros decretos aprobados en el inicio de la legislatura. Moncloa asegura, sin embargo, que se han cumplido muchos de los acuerdos y defiende que han sido los tribunales o la falta de mayorías en el parlamento lo que ha hecho no se lleguen a materializar. Se han llegado a materializar: "Les puede ser frustrante que no salgan las cosas", dicen esas fuentes que recuerdan que hay muchos actores jugando la partida política.
Los socialistas creen que no pueden ceder admitiendo la tramitación de la iniciativa en la que Junts pide que el Congreso reclamen a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. "Sentaríamos un mal precedente", decía este martes una ministra del ala socialista que cree que no se puede permitir que los grupos parlamentarios se apropien de una prerrogativa que, según la Constitución, solo tiene el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros.
Negociaciones en punto muerto
A la tensión que puede añadir el veto a la proposición no de ley, se añade que las negociaciones sobre los asuntos que están pendientes, como la delegación de competencias en materia de inmigración, están en punto muerto. "No hay avances", dicen los interlocutores del PSOE que aseguran que lo que reclaman los independentistas es una cesión integral que es inconstitucional.
Se ha negociado hasta donde se puede llegar, defienden, y solo queda que Junts diga si acepta o no. En cualquier caso, en Moncloa no creen que la reacción de Puigdemont pueda suponer el colapso de la legislatura porque, aunque no haya presupuestos, un escenario que no descartan, confían en que los independentistas no se atreverán a apoyar una moción de censura del PP y Vox. Algo que Junts ahora mismo descarta.
