El informe sobre paridad encargado por la presidenta del Poder Judicial recoge la postura que el sector conservador plasmó en un voto particular

MADRID

El informe del gabinete técnico del Poder Judicial que difumina el impacto de la Ley de Paridad en la carrera judicial y que fue encargado por la Presidenta del Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló, usa el argumento principal del voto particular que los vocales conservadores emitieron contra el acuerdo del pasado 16 de octubre. Ese día, la comisión de calificación aprobó solicitar a la de igualdad un informe para valorar si el porcentaje del 60% - 40% por sexos que recoge la Ley de Paridad era de aplicación sólo para las plazas a las presidencias de sala del Tribunal Supremo. El documento respondió positivamente a la petición que ahora contradice el informe del gabinete técnico que considera que ese baremo debe aplicarse sobre todos los nombramientos de la carrera judicial y que no cabe parcelarlos.

Es el mismo argumento que empleó el jefe del sector conservador, José Antonio Montero, en su voto particular al que se adhirió Esther Rojo. Según ha conocido la Cadena SER, ambos entendían que el proceso para cubrir las plazas judiciales ya estaba en marcha y que la situación era grave por la "patológica" situación en la que se encontraba la Justicia como consecuencia de la ley que impidió al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos, sin mencionar el bloqueo del PP a la renovación del órgano que duró más de cinco años. Ese proceso, señalaban en su voto, se hizo conforme a unas bases que aprobaron todos los vocales: las plazas judiciales se cubren dentro de un proceso "inescindible" y el porcentaje por sexos del 60%-40% que establece la ley tiene que aplicarse sobre la totalidad de nombramientos del Consejo.

El informe del Gabinete Técnico y el de la Comisión de Igualdad se debatirán en el pleno que el Consejo General del Poder Judicial celebrará la próxima semana.