Miquel Puig, economista: "Hay que expropiar hoteles y bloques de apartamentos turísticos para hacer viviendas"

Palma

Ocurre en España algo difícil de entender para alguien que creció en los años 80 bajo el mantra de que el turismo generaba riqueza: cuanto mayor es la intensidad turística de una zona, menor es su renta per cápita. O dicho de otra manera: a más turismo, mayor pobreza para los habitantes de ese lugar. Opina el doctor en Ciencias Económicas Miquel Puig que la sobreexplotación del turismo "solo genera riqueza al propietario inmobiliario"; y para argumentarlo aporta un dato: en una provincia mayormente agrícola como Lleida, en 2022 el PIB per cápita fue de 35.300 euros. En Baleares, 29.603.

Puig ejerció como secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos en la Generalitat de Catalunya de 2022 a 2024. En una entrevista en A vivir que son dos días con los periodistas Bru Rovira y Javier del Pino, defiende llevar a cabo una "reconversión turística" similar a la reforma industrial que se produjo en España en la década de los 80, cuando se ajustó la producción a los nuevos requerimientos del mercado y se cerraron sectores productivos obsoletos. Para ello, el economista aboga por "expropiar bloques de hoteles y apartamentos turísticos, y convertirlos en viviendas" para los habitantes de las zonas más tensionadas.

"La infraestructura está dimensionada para resolver la temporada alta de agosto, pero debería tomar como referencia el mes de junio", opina Puig mientras explica que esto permitiría repartir la carga turística durante más días al año; y con ello, una mayor profesionalización, estabilidad y sueldos para los trabajadores del sector.

25 kilos de melón y un autobús okupado: la creatividad para luchar contra el turismo

Sentado en un banco del Parc de les Estacions, en Palma, Magí (22) recuerda el día que decidieron okupar la línea de autobús 424 para protestar contra el colapso del transporte público. Una decena de amigos, agrupados bajo el nombre Avantguardes de Defensa de Mallorca, diseñaron unas camisetas donde se simbolizan las cuatro barras de la bandera catalana con rayos —"porque queremos representar que somos la acción", explican— y subieron al autobus con una gran bandera de Mallorca. Entonces ocuparon los asientos que siempre van cargados de turistas, y conversaron con todo aquel que entrara para explicarle el daño que hacía su visita a la isla. "Hasta el busero estuvo de acuerdo", recuerda Biel con una sonrisa, otro de los jóvenes que participó en la acción.

Según Magí, el sistema funciona así: "Los nativos se marchan porque no pueden permitirse una vivienda. Entonces llega gente de otros países a trabajar. A estos los explotan para dar servicio a ricos alemanes e ingleses, que a su vez compran las casas que venden los mallorquines porque no pueden pagarse la vida aquí. Es el pez que se muerde la cola". Ante esta espiral aparentemente sin salida, tanto Biel como Magí creen con resignación que la única opción para los jóvenes de su generación es abandonar la isla, pero no sin antes protestar.

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En Mallorca, vivir en una zona rural tampoco es garantía para huir de las molestias del turismo masivo. Son Macià es un pequeño pueblo cerca de Manacor donde los vecinos están cansados de soportar el ruido y la erosión que provocan las caravanas de hasta veinte vehículos todoterreno, tipo buggies, que pasan dos veces al día por sus caminos rurales como si fuera un safari. "Es muy invasivo y la gente intentaba boicotearlos por su cuenta: dejaban mal aparcados los coches para que no pudieran pasar, iban más lentos en la carretera para ralentizarle el paso...", recuerda Jaume Adrover, agricultor en Son Macià.

Al ver que el problema afectaba a todos los vecinos, decidieron organizarse. Adrover cargó con 25 kilos de melón que tenía en su huerta. Con balas de paja, hicieron una barricada en medio del camino para impedir el paso de los buggies y se sentaron pacíficamente a comer la fruta. La policía llegó, pero acabó multando a la empresa por realizar una actividad no autorizada: "El reglamento municipal impide estas excursiones, pero les sale más a cuenta pagar la sanción, que cesar su actividad", explica Pedro Martínez, oficial en la Unidad Cívica de la Policía Local de Manacor. El agente hace un cálculo: cada viaje cuesta de media 175 euros. La multa es de 500 euros para la agencia, con un 40% de descuento; y de 200, con reducción, para los conductores. "Estas empresas facturan más de medio millón de euros al año. Si los hubiésemos denunciado cada día, durante cuatro meses, les habría costado 36.000 euros", ejemplifica para reforzar que debería cambiar la normativa municipal, y concluye: "Han invadido lo poco que nos quedaba, que es la zona rural. Están comerciando con la calma".