El fiscal general, ante el Supremo

Barcelona

El Supremo imputa al fiscal general del Estado. Es muy fuerte. Pero los detalles son clave: no le investiga por revelar en una nota pública secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, un delincuente confeso. Este pretendía exactamente eso, y por eso se querelló contra el fiscal, pero el Supremo ha dicho que no hay revelación de secretos en la nota oficial.

Es más, valida que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, la emitiese desmintiendo el bulo del gabinete de Ayuso según el cual era la fiscalía quien ofreció un pacto al corrupto, y no que este imploró al ministerio público ese pacto. Los magistrados lo dicen clarito, pero no lo verán en muchos titulares: “Aparentemente no hay información [en esa nota] indebidamente revelada”.

¿Por qué? Porque no había secreto ninguno. Pues ya antes de publicarse la nota, el gabinete de Ayuso había desvelado el pacto existente entre el criminal y la fiscalía, por el que se reducía la petición de pena, aunque en orden inverso al real. Y porque además algunos periódicos habían reproducido los correos entre ambas partes, esta vez correctos, con detalle. La imputación del Supremo a García Ortiz es para investigar quien los filtró antes de hacerse pública la nota.

Resulta que hay una docena de personas que habrían tenido acceso a esta información. O sea, que es inútil precipitarse, insultar, escandalizarse o condenar antes de saber. Lo mejor siempre es la verdad, aunque a veces no se obtenga en cinco minutos.